Los señalamientos contra la fiscal general Consuelo Porras se fortalecen con nuevos detalles que apuntan a su participación en adopciones irregulares durante los años 80, en el contexto del conflicto armado interno.
Según la investigación de El Faro, respaldada por nuevos datos difundidos, Porras habría firmado adopciones como tutora legal del Hogar Elisa Martínez en 1982, un rol que le daba la facultad directa de autorizar la salida de menores.
La información más reciente añade elementos clave: al menos 80 casos están bajo señalamiento, y en el 40 % se habría alterado la identidad de los niños. Además, los expedientes revisados incluyen cambios de nombre, emisión de documentos y autorizaciones estatales para adopciones internacionales.
Los registros también indican que no solo se trató de niños guatemaltecos, sino que hubo casos vinculados a menores de El Salvador y Honduras, ampliando el alcance del posible esquema irregular.
Otro punto que genera cuestionamientos es que, según la misma investigación, en su postulación reciente ya no aparece constancia de su paso por el hogar donde ocurrieron los hechos, un cambio detectado al comparar expedientes oficiales.
Porras ha rechazado los señalamientos y los califica de “falsos”, mientras organismos internacionales insisten en la necesidad de investigaciones independientes.
Con la incorporación de estos nuevos datos, el caso evoluciona: no solo hay denuncias, sino patrones documentados que apuntan a un posible sistema estructurado, en uno de los episodios más sensibles de la historia reciente del país.