La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) exigió al Gobierno de Guatemala medidas urgentes y permanentes de seguridad, después de que el asesinato de un conductor en la calzada San Juan elevara a 37 el número de pilotos del sector asesinados durante 2026. La organización sostiene que la cifra evidencia una violencia sostenida vinculada principalmente con las extorsiones.
El pronunciamiento fue dirigido al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Gretexpa acusó a las autoridades de no mostrar la voluntad política ni la efectividad necesarias para proteger a conductores, ayudantes, pasajeros y unidades que circulan por las principales rutas extraurbanas del país.
Entre sus peticiones figura la creación de un plan permanente de seguridad para las rutas y terminales, investigaciones dirigidas a desarticular las estructuras dedicadas a la extorsión y mesas de trabajo con las máximas autoridades del área. El gremio también solicitó el despliegue del Ejército en Centra Sur y en puntos de transferencia de las zonas 3, 4 y 8 de la capital.
El reclamo surgió después del ataque ocurrido el jueves 27 de agosto contra un autobús que se dirigía hacia San Raymundo. El piloto, de aproximadamente 30 años, murió por heridas de bala en la calzada San Juan, zona 7, mientras que dos pasajeras resultaron heridas y fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Horas después, la Policía Nacional Civil capturó a un hombre y una mujer señalados como presuntos responsables del crimen y supuestos integrantes del Barrio 18. Durante el operativo, los agentes decomisaron un revólver sin licencia y el vehículo en el que, según la investigación preliminar, los sospechosos intentaban escapar.
Gretexpa argumentó que la falta de protección estatal afecta un servicio público esencial reconocido por el artículo 131 de la Constitución. La violencia contra el transporte no solo cobra vidas, sino que puede provocar la suspensión de rutas, aumentar los costos operativos y dejar sin movilidad a comunidades que dependen de los autobuses extraurbanos para trabajar, estudiar o recibir atención médica.
La captura de dos sospechosos representa un avance puntual, pero no responde por sí sola al reclamo de fondo del sector. El asesinato de 37 pilotos en ocho meses revela que las acciones posteriores a cada ataque no han logrado prevenir nuevos crímenes, mientras la petición de emplear al Ejército expone hasta qué punto los transportistas consideran insuficiente la capacidad policial desplegada en terminales y carreteras.