La Corte de Constitucionalidad (CC) deberá resolver si fue procedente el veto emitido por el presidente Bernardo Arévalo contra el Decreto 10-2026, normativa aprobada por el Congreso que reformaba el Código Penal y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para endurecer sanciones relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad.
El tema volvió a cobrar relevancia luego de que el Congreso remitiera formalmente el expediente a la CC con 102 votos a favor, buscando que el máximo tribunal constitucional determine si el veto presidencial tiene sustento jurídico o si la normativa debe entrar en vigencia.
El Ejecutivo vetó la ley el pasado 6 de mayo mediante el Acuerdo Gubernativo 68-2026, argumentando que varias disposiciones contenían posibles inconstitucionalidades y ambigüedades penales. Según el gobierno, la redacción aprobada por el Legislativo podía generar interpretaciones contradictorias sobre relaciones entre adolescentes y el alcance del consentimiento, además de vulnerar principios constitucionales vinculados a taxatividad penal y protección integral de menores.
La normativa buscaba aumentar la protección frente al abuso sexual infantil y endurecer las penas contra adultos involucrados en relaciones sexuales con menores de edad. Entre los cambios propuestos figuraba considerar violación toda relación sexual entre un adulto y un menor, independientemente del consentimiento.
El diputado oficialista Raúl Barrera, uno de los principales impulsores de la iniciativa, defendió públicamente la reforma y afirmó que pretendía corregir un vacío legal generado desde 2009, cuando se redujo de 18 a 14 años la edad mínima de consentimiento sexual en Guatemala. El caso también evidenció diferencias de criterio dentro de sectores vinculados al oficialismo, ya que aunque la iniciativa fue impulsada y respaldada por Barrera y otros diputados afines al gobierno, posteriormente fue vetada por el presidente Arévalo por objeciones constitucionales planteadas por el Ejecutivo.
La decisión de la CC podría convertirse en un precedente político y jurídico relevante, ya que el debate enfrenta argumentos sobre protección de menores, límites del derecho penal y constitucionalidad de reformas impulsadas por el Congreso. El caso además vuelve a reflejar tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a temas sensibles de seguridad, niñez y política criminal.