Diputados del bloque oficialista y algunos aliados manifestaron su rechazo a la candidatura de Roberto Molina Barreto para integrar la Corte de Constitucionalidad, en medio de un debate político cada vez más polarizado dentro del Congreso de la República.
Durante un pronunciamiento público, legisladores cercanos al gobierno criticaron la posible designación del jurista y afirmaron que su perfil representa un retroceso para la institucionalidad del país. Los diputados señalaron decisiones judiciales pasadas y su cercanía con sectores políticos tradicionales como razones para oponerse a su nombramiento.
Sin embargo, las críticas del oficialismo también han generado cuestionamientos dentro del propio Congreso. Diputados de otras bancadas consideran que el gobierno intenta frenar la elección mediante presión política y discursos públicos, en lugar de buscar acuerdos legislativos que permitan resolver la integración del máximo tribunal constitucional.
En el mismo pronunciamiento, algunos representantes oficialistas insinuaron la existencia de presiones externas en el proceso de elección y mencionaron a Estados Unidos en el debate político. Estas declaraciones han sido interpretadas por analistas como parte de una estrategia política para desacreditar a candidatos respaldados por sectores de oposición.
La confrontación refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y las fuerzas parlamentarias que mantienen mayoría en el Congreso. Mientras el gobierno insiste en cuestionar determinadas candidaturas, varios bloques legislativos sostienen que la elección de magistrados debe resolverse dentro del pleno sin interferencias políticas.
La integración de la Corte de Constitucionalidad se ha convertido así en uno de los temas más sensibles del panorama político guatemalteco. El tribunal es el máximo intérprete de la Constitución y sus resoluciones influyen directamente en la relación entre los poderes del Estado, por lo que cada designación de magistrados suele estar rodeada de fuertes disputas políticas.