Guatemala reporta una tasa de 16.8 homicidios por cada 100 mil habitantes hasta marzo de 2026, según datos presentados por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, durante el conversatorio “Seguridad y desarrollo en Guatemala: fortaleciendo la convivencia para un futuro próspero”, organizado por Fundesa como antesala del ENADE 2026, donde el sector empresarial volvió a colocar la seguridad como una condición determinante para el desarrollo.
El dato fue acompañado de un elemento comparativo que busca evidenciar avances: en 2024, cuando el ENADE estuvo centrado en seguridad, la tasa alcanzaba los 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que ubicaba a Guatemala entre los países más peligrosos de América Latina y del mundo; “ahora estamos entre los países medianamente peligrosos”, señaló el funcionario, al insistir en una mejora relativa del contexto.
La comparación introduce una narrativa de progreso, pero también abre cuestionamientos sobre la consistencia de las cifras y la sostenibilidad de la reducción, especialmente en un entorno donde distintos centros de análisis han señalado variaciones anuales que no terminan de consolidar una tendencia firme a la baja.
En ese escenario, la propuesta de reducir la tasa a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes en un plazo de diez años —impulsada por la Coalición por la Seguridad Ciudadana en el marco del ENADE— implica recortar prácticamente a la mitad los niveles actuales de violencia, un objetivo que trasciende lo técnico y se ubica en el terreno de la capacidad institucional.
El reto se complejiza al considerar que fenómenos como las extorsiones, la actividad de pandillas y las dinámicas del narcotráfico mantienen presencia territorial y capacidad de adaptación, lo que limita el impacto de estrategias basadas únicamente en operativos de contención.
A ello se suma el impacto económico de la inseguridad, estimado en hasta el 7% del PIB, lo que refuerza la presión sobre el Estado para generar resultados sostenidos y no únicamente reducciones coyunturales que puedan revertirse en el corto plazo.
La meta de llegar a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes no solo mide la ambición del planteamiento, sino las brechas del Estado, donde la diferencia entre la tendencia actual y el objetivo proyectado dependerá de factores históricamente débiles: continuidad de políticas, coordinación interinstitucional y fortalecimiento del sistema penitenciario… sin estos elementos, la comparación con el pasado corre el riesgo de convertirse en argumento, pero no en garantía de cambio estructural.