La controversia en torno a la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha entrado en una etapa decisiva dentro de la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de que magistrados del máximo tribunal comenzaran a cerrar el paso a una serie de recursos promovidos para cuestionar el proceso electoral universitario. Sin embargo, varias de las resoluciones continúan pendientes de formalización y notificación oficial.
Representantes del movimiento Usac-Dire reaccionaron esta semana a recientes decisiones adoptadas por la mayoría de magistrados de la CC y señalaron que el tribunal estaría excediendo sus facultades al resolver determinados recursos vinculados con la elección de rector. Sus cuestionamientos surgieron después de conocerse acuerdos internos que apuntan a rechazar diversas acciones legales relacionadas con el proceso universitario.
Los datos más recientes reflejan la dimensión que ha alcanzado el conflicto. Hasta ahora suman al menos 18 acciones legales rechazadas o encaminadas a ser rechazadas dentro de la disputa que rodea la elección y posterior continuidad de Walter Mazariegos al frente de la universidad pública, entre ellas recursos que cuestionaban la integración de cuerpos electorales, la elección de representantes universitarios y distintas etapas del proceso.
La acumulación de decisiones desfavorables para los grupos opositores fortalece la posición de las actuales autoridades universitarias y reduce los espacios de impugnación disponibles en la vía judicial. No obstante, el caso aún no puede considerarse completamente cerrado, debido a que varios fallos deben ser formalizados mediante resoluciones firmadas y posteriormente notificadas a las partes involucradas.
Lo que comenzó como una disputa interna por la rectoría terminó convirtiéndose en uno de los litigios institucionales más complejos de los últimos años en Guatemala. Desde la elección de Mazariegos en 2022, la universidad pública ha permanecido inmersa en una confrontación política, académica y jurídica que ha involucrado tribunales, organizaciones universitarias, colegios profesionales y autoridades de distintos niveles.
La atención ahora se concentra en la formalización de las resoluciones pendientes dentro de la Corte de Constitucionalidad. Aunque la mayoría de magistrados ya habría definido una línea de actuación favorable a mantener vigente el proceso que permitió la continuidad de Mazariegos, el contenido definitivo de los fallos y sus alcances jurídicos aún deben quedar plasmados en las resoluciones oficiales.
El escenario deja a la Corte de Constitucionalidad en el centro de una controversia que trasciende el ámbito universitario. La forma en que concluya este caso tendrá implicaciones sobre la gobernanza de la única universidad pública del país, el alcance de la autonomía universitaria y el papel que corresponde a los tribunales constitucionales en la resolución de conflictos internos de instituciones autónomas.
Mientras se esperan los pronunciamientos definitivos, la crisis que ha acompañado a la USAC durante los últimos años continúa abierta y mantiene dividida a una parte importante de la comunidad universitaria.