El Gobierno de Guatemala presentó al Congreso una propuesta de subsidio temporal a los combustibles, en medio del aumento internacional del petróleo y la creciente presión social reflejada en bloqueos y problemas de transporte en distintos puntos del país. La medida busca contener el impacto inmediato en la economía, aunque también implica un costo significativo para las finanzas públicas.
La iniciativa contempla un subsidio de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, ambos durante dos meses, con el objetivo de aliviar el impacto en el transporte, la distribución de productos y el gasto familiar. El apoyo sería aplicado directamente en los puntos de venta para reducir el precio final al consumidor. La medida inicial es por un periodo de 60 días y se contará con un monto de Q1 mil 300 millones.
Surge en un contexto de protestas que ya comenzaron a extenderse. Durante la jornada se reportaron bloqueos en Cuilapa, Santa Rosa; Cobán, Alta Verapaz; y Retalhuleu, mientras en la capital la falta de buses en Nimajuyú, zona 21, obligó a usuarios a buscar taxis o transporte alternativo, reflejando el impacto inmediato del aumento en los combustibles. Las protestas dejaron en evidencia que el descontento comienza a expandirse y que las protestas podrían multiplicarse.
La propuesta representa un cambio frente a intentos anteriores, ya que el subsidio se financiaría mediante la readecuación de recursos no ejecutados del presupuesto, sin recurrir a una ampliación del gasto público. Según explicó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, existe un saldo disponible de Q1,600 millones dentro del presupuesto de Q19,300 millones, correspondiente a fondos no programados al cierre de diciembre y ya descontados los compromisos existentes. Este margen fiscal, señalado durante una respuesta al diputado Cornelio García, define la capacidad real para financiar el subsidio y, según el Ejecutivo, evitaría afectar programas esenciales como salud, educación y seguridad.
El debate se intensifica porque, aunque el subsidio se presenta como temporal, su costo y alcance generan dudas sobre su sostenibilidad, especialmente si los precios internacionales continúan al alza. Analistas advierten que este tipo de medidas puede aliviar la presión inmediata, pero también reducir el margen fiscal del Estado.