El Gobierno decidió frenar la aplicación inmediata de los nuevos datos de pobreza para evitar recortes abruptos a municipalidades, en una medida que busca mantener la estabilidad financiera de los gobiernos locales y garantizar la continuidad de proyectos de inversión territorial.
La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) durante una reunión encabezada por el presidente Bernardo Arévalo, donde se acordó mantener temporalmente los indicadores anteriores mientras se implementa una transición gradual.
El ajuste responde a la actualización de los datos de pobreza extrema municipal, un indicador que no se renovaba desde hace más de dos décadas y que influye directamente en la distribución de recursos hacia las municipalidades. Aplicar los nuevos resultados sin transición habría provocado reducciones severas en al menos 220 municipios, según las autoridades.
El Gobierno optó por usar de forma excepcional los porcentajes de pobreza notificados por SEGEPLAN en 2025, con el fin de distribuir la ampliación presupuestaria de 2026 y la inversión prevista para 2027 sin generar choques financieros inmediatos.
La medida cobra relevancia porque el 40% de los fondos de inversión de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), financiados principalmente con el aporte IVA-Paz, se distribuye según el nivel de pobreza extrema, por lo que cualquier modificación impacta directamente a los gobiernos locales.
Sin embargo, la decisión también abre un debate de fondo. La actualización de los indicadores busca corregir un sistema que durante más de 20 años ha distribuido recursos con datos desactualizados, lo que implica que algunos municipios podrían haber recibido más o menos fondos sin reflejar su realidad actual. Al frenar la aplicación inmediata, el Gobierno evita una alteración abrupta, pero mantiene temporalmente un esquema cuestionado por su falta de precisión y actualización.
La medida también ha sido interpretada como una señal de prudencia política frente a posibles tensiones territoriales, ya que la reducción de fondos podría afectar obras de infraestructura, agua potable y desarrollo local. Sin embargo, esta decisión implica que la reforma estructural del sistema de asignación de recursos vuelve a posponerse, priorizando la estabilidad financiera inmediata sobre la corrección técnica de fondo.
Para 2026, los Consejos de Desarrollo contarán con más de Q10,800 millones asignados, cifra que podría superar los Q16,000 millones al sumar saldos no ejecutados de años anteriores, lo que vuelve relevante el debate sobre cómo se distribuyen estos fondos.
La decisión, según el Gobierno, busca evitar improvisaciones y garantizar una reforma gradual del sistema, mientras se prepara una propuesta integral para actualizar el modelo de asignación de recursos a las municipalidades.