El Gobierno de Guatemala canceló licencias ambientales vinculadas a proyectos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una decisión que no solo tiene implicaciones técnicas, sino que reaviva la polémica sobre el cierre del campus central en pleno proceso electoral universitario.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que revocó la licencia del proyecto “Ampliación Campus Universitario Viaducto del Periférico”, al determinar que fue otorgada bajo una categoría de impacto ambiental inferior a la que correspondía según la normativa vigente, lo que llevó incluso a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Además, la revisión evidenció irregularidades adicionales: el proyecto “Torre de Parqueos” carecía de licencia ambiental, por lo que no cumplía con los requisitos legales para su ejecución, mientras que el Ministerio de Cultura también dio por terminado el convenio arqueológico asociado.
El dato clave está en el contexto. Ambos proyectos habían sido utilizados por las autoridades universitarias como justificación para el cierre del campus central, una medida adoptada horas antes de una elección que permitió la continuidad del rector Walter Mazariegos en un proceso ampliamente cuestionado.
La revocatoria, por tanto, no es un hecho aislado. Para sectores académicos y estudiantiles, confirma que el cierre se sustentó en argumentos administrativos sin base sólida, lo que habría incidido directamente en el desarrollo de una elección señalada como irregular por limitar la participación.
Las implicaciones alcanzan incluso al Ejecutivo. La autorización de estas licencias ocurrió durante la gestión anterior en el Ministerio de Ambiente, y tras detectarse las anomalías, la exministra Liwy Grazioso y parte de su equipo fueron separados del cargo, en medio de señalamientos sobre la forma en que se otorgaron los permisos.
El episodio reabre un debate más profundo. La cancelación de las licencias no solo cuestiona la legalidad de los proyectos, sino el uso de instrumentos administrativos en momentos clave de disputa política, especialmente en una institución como la USAC, cuyo peso incide directamente en procesos nacionales como la elección de autoridades judiciales.