El presidente Bernardo Arévalo enfrenta una crisis de autoridad que socava la credibilidad de su administración. La reciente revelación de que el embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez Girón, controla el medio digital eP Investiga a través de una fundación, ha expuesto una grave falta de control del mandatario sobre su propio equipo de gobierno. Esta situación no es un hecho aislado, sino el síntoma más visible de una debilidad estructural y una tesis innegable: el presidente carece de control sobre su gabinete y sus aliados políticos.
El caso del embajador Gutiérrez es profundamente alarmante para la diplomacia del país. Mientras representa oficialmente al Estado guatemalteco, la fundación que él creó, y de cuya directiva nunca se desvinculó realmente, opera un medio que ataca de forma hostil y vulgar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a diplomáticos estadounidenses. A pesar de que esta agenda paralela pone en riesgo la relación estratégica con nuestro principal socio comercial y viola abiertamente la Ley del Servicio Diplomático, el presidente Arévalo y su canciller, Carlos Ramiro Martínez, han guardado un silencio sepulcral. ¿Es este silencio una muestra de complicidad o simplemente la evidencia de que el Ejecutivo no tiene el mando para destituir a un subordinado? Como bien advirtió la excanciller Sandra Jovel, Gutiérrez debería ser llamado de inmediato a dar explicaciones o, en su defecto, presentar su renuncia.
Esta incapacidad para poner orden en casa se refleja con igual crudeza en su propio gabinete, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). En menos de dos años, esta cartera se ha convertido en un foco de inestabilidad constante, viendo desfilar a cinco ministros distintos. Las salidas de funcionarios, como Jazmín de la Vega y recientemente Félix Alvarado, evidencian severas fricciones internas y falta de cohesión en el Ejecutivo. Alvarado mismo admitió, el día de su renuncia, que aunque coincidía con el presidente en la importancia de lo que estaban haciendo, había un nivel de desacuerdo y fricción profunda sobre el “cómo hacerlo”.
El descontrol trasciende los muros del Ejecutivo y llega a sus supuestos aliados en el Congreso. La lealtad del bloque oficialista se ha fracturado públicamente entre la facción original del Movimiento Semilla y el grupo “Raíces”, liderado por el diputado Samuel Pérez. Lejos de acatar el liderazgo de Arévalo o coordinar esfuerzos, Pérez ha optado por actuar por su cuenta y desafiarlo públicamente. Recientemente, el legislador reprochó al mandatario no haber actuado con firmeza para evitar la cuestionada reelección de Walter Mazariegos como rector en la Universidad de San Carlos (USAC). La respuesta de Arévalo, afirmando ante los medios que Pérez “no está bien informado de cuáles son las funciones de la Presidencia”, deja al descubierto un lamentable divorcio político y confirma que el presidente no logra que sus principales aliados le hagan caso.
Un presidente que permite que un embajador comprometa la política exterior sin consecuencias, que no logra estabilizar su principal ministerio de infraestructura y que es cuestionado en público por los mismos diputados que impulsan su proyecto, proyecta una imagen de inmensa fragilidad. Arévalo necesita con urgencia retomar el timón, porque un gobierno donde el mandatario no puede controlar ni alinear a los suyos difícilmente podrá resolver las crisis históricas que afligen a los guatemaltecos.