En apenas 18 días, 13 diputados del Congreso de la República realizaron viajes internacionales a Paraguay, Perú, Rusia y Brasil con cargo a fondos públicos, acumulando gastos en viáticos equivalentes a unos 65 salarios mínimos diarios del sector no agrícola, según registros divulgados este martes.
Las comisiones parlamentarias fueron justificadas como misiones de observación electoral, conferencias políticas y visitas técnicas, aunque el monto total desembolsado asciende al menos a Q261 mil 598, cifra que volvió a generar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos dentro del Legislativo.
La comisión más onerosa correspondió a una supuesta “visita técnica al modelo de ganadería sostenible implementado por el Gobierno de Brasil”. Cinco diputados viajaron entre el 22 de abril y el 1 de mayo y cada uno recibió alrededor de Q38 mil 369 en viáticos, elevando el costo total de la misión a más de Q191 mil.
Entre los participantes destacó el diputado de Cabal Luis Aguirre, conocido en Guatemala tanto por su actividad política como por su perfil de empresario ganadero. Aguirre participó precisamente en el viaje más costoso, situación que terminó alimentando críticas y comparaciones en redes sociales con lo que algunos usuarios calificaron como “turismo legislativo”.
Aunque la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones a transparentar los viajes financiados con recursos estatales, la información divulgada por el Congreso continúa siendo limitada. Los reportes publicados no incluyen facturas, desgloses detallados de gastos ni información precisa sobre boletos aéreos, situación que vuelve a abrir debate sobre los controles reales alrededor del uso de fondos públicos para misiones internacionales.
Los viajes beneficiaron principalmente a congresistas de las bancadas Vamos, Cabal y UNE, aunque también incluyeron diputados de Valor e independientes, reflejando que el uso elevado de viáticos atraviesa distintas fuerzas políticas dentro del Congreso.
El tema adquiere sensibilidad debido al contraste entre los montos destinados a viajes oficiales y la realidad económica que enfrenta gran parte de la población guatemalteca, especialmente en un país donde amplios sectores continúan afectados por informalidad laboral, bajos ingresos y altos niveles de pobreza.
Aunque los viáticos y misiones internacionales forman parte de mecanismos legales dentro del funcionamiento parlamentario, sectores ciudadanos y organizaciones civiles cuestionan constantemente la necesidad, resultados concretos y nivel de fiscalización alrededor de este tipo de gastos.
La polémica también vuelve a colocar bajo atención la percepción de privilegios dentro de la clase política, particularmente en momentos donde el Congreso mantiene baja credibilidad pública y enfrenta presión alrededor de temas como transparencia, corrupción y control del gasto estatal.
El caso ocurre además mientras el Legislativo intenta construir consensos para aprobar leyes sensibles como la normativa antilavado, discusión que el propio Gobierno ha presentado como prioritaria ante el riesgo de sanciones internacionales y cuestionamientos sobre institucionalidad financiera en Guatemala.