La Comisión de Postulación inició la fase de calificación de los 48 aspirantes a fiscal general, un paso determinante dentro del proceso que deberá culminar con la integración de la nómina de seis candidatos que será enviada al presidente Bernardo Arévalo el 17 de abril, según el cronograma establecido.
Tras concluir las entrevistas públicas, los comisionados comenzaron la evaluación de los perfiles con base en criterios de idoneidad, méritos académicos, experiencia profesional y trayectoria ética, una etapa que definirá la puntuación final de cada aspirante antes de la selección de los seis finalistas.
El proceso entra en una fase particularmente sensible luego de que, en su conferencia de prensa de este lunes, el presidente Arévalo dejara prácticamente descartada la continuidad de Consuelo Porras, actual fiscal general, al señalar que busca un perfil que cumpla condiciones distintas a las observadas en la gestión actual. La declaración introduce un elemento político relevante en la recta final del proceso, aunque la decisión formal dependerá de la nómina que envíe la comisión.
Durante esa misma conferencia, el mandatario también mencionó como referencia de los atributos que considera necesarios para el cargo al actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, destacando características vinculadas a capacidad técnica, independencia y compromiso institucional, una señal que ha sido interpretada como un indicio del perfil que el Ejecutivo busca para el Ministerio Público.
La fase de calificación se desarrolla tras varios días de entrevistas públicas a los 48 aspirantes, en un proceso que ha sido seguido de cerca por sectores políticos, organizaciones civiles y actores del sistema de justicia, conscientes de que la elección del fiscal general definirá el rumbo de la política de persecución penal en los próximos cuatro años.
Una vez concluida la evaluación, la Comisión de Postulación deberá integrar la lista final de seis candidatos y remitirla al Ejecutivo el 17 de abril, fecha que marca el punto de inflexión del proceso, ya que a partir de ese momento el presidente tendrá la facultad constitucional de elegir al nuevo titular del Ministerio Público.
El proceso avanza así hacia su desenlace, en medio de expectativas sobre el perfil del próximo fiscal general y con señales políticas que anticipan un cambio en la conducción del Ministerio Público, en una decisión que tendrá impacto directo en la institucionalidad del país y en el equilibrio del sistema de justicia.