Las agresiones contra defensores de derechos humanos en Guatemala registraron un incremento significativo durante el último año, en un contexto que evidencia tensiones persistentes en el entorno político e institucional del país.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), en 2025 se documentaron 5,238 agresiones, frente a las 4,133 registradas en 2024, lo que representa un aumento del 26.7%, la mayor alza interanual desde que se lleva este registro.
El informe advierte que este incremento es considerado “atípico”, y se produce en un momento marcado por disputas institucionales, presión política y la persistencia de redes que, según organizaciones civiles, continúan operando en el país.
Uno de los elementos más relevantes es la naturaleza de las agresiones. Cuatro de cada cinco ataques corresponden a campañas de desacreditación pública, incluyendo hostigamiento, estigmatización y ataques de carácter psicológico y reputacional, lo que refleja una estrategia orientada a debilitar la legitimidad de quienes ejercen esta labor.
La escalada no se limita al ámbito digital o discursivo. Durante 2025, Udefegua confirmó 12 asesinatos vinculados a la defensa de derechos humanos, entre ellos nueve defensores de la tierra y el medioambiente, dos periodistas y una sindicalista, lo que evidencia un nivel de violencia directa que profundiza el riesgo.
Según la organización, esta selección de víctimas revela un patrón orientado a silenciar a quienes denuncian abusos del sistema de justicia o informan sobre ellos, lo que agrava el impacto estructural de las agresiones.
Las organizaciones también subrayan que, pese al cambio de gobierno, las agresiones no han disminuido durante la administración del presidente Bernardo Arévalo, sino que mantienen una tendencia al alza, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad estatal para garantizar condiciones seguras.
Este repunte ocurre en el marco del actual contexto político y judicial del país, donde la violencia dirigida a quienes promueven garantías fundamentales ha crecido de forma notable, afectando especialmente a actores que denuncian irregularidades, en un periodo que coincide con el mandato del presidente Bernardo Arévalo.