El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre la libertad de prensa durante la ronda de prensa de este lunes, donde destacó que Guatemala escaló 10 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, un dato que presentó como evidencia de un entorno más favorable para el ejercicio informativo y como respaldo a su llamado a recomponer la relación entre el Estado y los medios.
Según el informe de Reporteros Sin Fronteras —citado por la Agencia Guatemalteca de Noticias—, el país pasó del puesto 138 en 2025 al 128 en 2026, con una puntuación de 43.21, dentro de un índice que evalúa a 180 naciones. El avance, aunque significativo en términos comparativos, fue utilizado por el mandatario para sostener una idea central: el periodismo crítico no es un enemigo, sino un actor esencial de la democracia, incluso cuando incomoda.
La declaración introduce un matiz político relevante. Reconocer el carácter incómodo del periodismo implica aceptar el conflicto como parte inherente de la rendición de cuentas, un punto de quiebre frente a etapas recientes marcadas por la confrontación abierta entre poder político y medios de comunicación en Guatemala.
Sin embargo, el propio informe que sustenta la mejora obliga a matizar el optimismo oficial. Aunque el país escaló posiciones, el diagnóstico de fondo no cambia: Guatemala continúa siendo clasificada como un entorno “difícil” para el ejercicio del periodismo, lo que evidencia que los avances son relativos y no estructurales. La mejora, en ese sentido, responde más a variaciones comparativas globales que a una transformación profunda del ecosistema mediático nacional.
El análisis de RSF señala que persisten prácticas de criminalización del periodismo mediante el uso del sistema judicial, así como episodios de acoso, amenazas y presiones políticas, especialmente contra periodistas que investigan corrupción o abusos de poder. A ello se suma una realidad menos visible pero igualmente determinante: la fragilidad económica de los medios y la precariedad laboral del gremio, factores que limitan la independencia editorial y aumentan la exposición a influencias externas.
Además, el riesgo no es homogéneo. Fuera de la capital, periodistas locales operan en condiciones de mayor vulnerabilidad, con menor acceso a mecanismos de protección y mayor exposición a represalias de autoridades locales o actores privados. Este elemento refuerza la idea de que la libertad de prensa en Guatemala no solo enfrenta desafíos institucionales, sino también territoriales.
En ese contexto, la narrativa del Ejecutivo aparece como un intento de reposicionamiento político. Apropiarse de un indicador internacional para proyectar apertura democrática y tender puentes con el periodismo puede resultar eficaz en el plano discursivo, pero enfrenta un límite claro: la persistencia de condiciones adversas documentadas por organismos independientes.
El reto, por tanto, no es menor. La mejora en el ranking funciona como señal positiva, pero también como recordatorio de la distancia entre el discurso y la realidad. Sin garantías sostenidas de seguridad, acceso a la información y respeto al ejercicio crítico, el avance corre el riesgo de diluirse en la estadística.
En última instancia, el reconocimiento presidencial del valor del periodismo crítico marca un cambio de tono, pero la consolidación de esa postura dependerá de su traducción en hechos concretos. Porque en Guatemala, como advierte el propio informe, la libertad de prensa sigue siendo una conquista en disputa, no un logro asegurado.