La adjudicación de un contrato por Q121.6 millones a Distribuidora Siloé, S.A. por parte del Ministerio de Educación vuelve a colocar al diputado Luis Aguirre en el centro de señalamientos políticos, en un caso que arrastra antecedentes desde 2025 y que hoy cobra nueva relevancia en la agenda pública.
El origen del caso se remonta al 6 de noviembre de 2025, cuando la empresa obtuvo la adjudicación para proveer más de un millón de utensilios del programa de alimentación escolar. Desde entonces, el proceso fue objeto de observaciones técnicas, al detectarse debilidades en la capacidad operativa de la empresa y cuestionamientos sobre los criterios utilizados para otorgar el contrato.
La controversia tomó un giro político cuando se conoció la intervención de Aguirre, quien dio seguimiento al proceso desde el Congreso mediante solicitudes de información y gestiones vinculadas a la adjudicación. Esa participación, coincidente con el crecimiento de la empresa como proveedora estatal, alimentó dudas sobre una posible influencia en favor de Siloé, en un contexto donde no existen aún resoluciones judiciales firmes.
El señalamiento se agrava por el patrón que describe el caso: una empresa que amplía su presencia en el Estado mientras un actor político mantiene interés activo en sus contratos. La coincidencia entre ambos factores ha sido suficiente para instalar el cuestionamiento público sobre el rol del diputado, incluso sin una conclusión legal definitiva.
El interés del diputado —también secretario general de Cabal— adquiere mayor peso al contrastarse con el comportamiento de la empresa. Distribuidora Siloé incrementó sus ventas al Estado en más de 11,000% entre 2024 y 2025, pasando de Q1.3 millones a más de Q153 millones en apenas un año, un crecimiento atípico dentro del sistema de compras públicas. A esto se suma que la empresa no solo obtuvo contratos con el Ministerio de Educación, sino también con el Ministerio de la Defensa —por más de Q35 millones— y otras instituciones, ampliando su alcance como proveedor estatal en múltiples rubros.
La conexión política se vuelve más evidente en momentos clave del proceso. Aguirre mostró interés directo cuando la empresa gestionaba permisos en el Registro General de Adquisiciones del Estado, particularmente tras el rechazo de una oferta para vender motocicletas a la Policía Nacional Civil, lo que plantea interrogantes sobre posibles gestiones para facilitar su habilitación como proveedor. Mientras tanto, su agenda legislativa incluía iniciativas como la Ley de los Codedes (Decreto 7-2025), propuestas para reducir la edad de licencias tipo A y fiscalización de compras menores, pero ese enfoque contrasta con su atención específica a procesos donde participaba una empresa que, en paralelo, registraba un crecimiento financiero poco común.
Desde una lectura crítica, el caso expone una tensión recurrente en la gestión pública: la línea entre fiscalización y presión política se diluye cuando la intervención coincide con beneficios indirectos para actores específicos, lo que erosiona la credibilidad de los procesos de contratación.
Un nuevo reportaje de República reordena el caso y eleva el nivel de los señalamientos: deja de centrarse únicamente en la empresa o en un contrato específico y apunta a decisiones estructurales dentro del Estado —como el Registro General de Adquisiciones y el manejo financiero— que habrían permitido su crecimiento.
Con ese giro, el caso pasa de posibles irregularidades administrativas a la hipótesis de un esquema de facilitación institucional, donde el nombre del diputado Luis Aguirre queda nuevamente bajo escrutinio político.