La Corte de Constitucionalidad (CC) acordó rechazar cerca de 15 acciones legales relacionadas con la elección y reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), una decisión que representa un alivio político y jurídico para las actuales autoridades universitarias en medio de las denuncias de fraude que continúan rodeando el proceso electoral universitario.
La resolución fue conocida durante la plenaria del domingo 25 de mayo, donde los magistrados decidieron no otorgar amparos provisionales en ninguno de los expedientes programados. Con ello, la CC evitó frenar de inmediato la continuidad del proceso que permitió la reelección de Mazariegos para el período 2026-2030.
Sin embargo, el escenario legal todavía no está completamente cerrado. Actualmente permanecen vigentes dos amparos provisionales emitidos por juzgados inferiores que ordenan suspender la elección de Mazariegos mientras se resuelve el fondo de las acciones promovidas por el grupo USAC Dignidad y Resistencia (DIRE-USAC). Precisamente esos expedientes todavía no han sido conocidos por la CC.
El conflicto universitario arrastra una fuerte carga política y social desde 2022, cuando la llegada de Walter Mazariegos a la rectoría desató protestas, tomas universitarias y denuncias de manipulación electoral. Sectores estudiantiles, docentes y agrupaciones opositoras sostienen que distintos cuerpos electorales fueron excluidos del proceso, alterando el equilibrio de votos dentro de la universidad.
La reciente reelección de Mazariegos volvió a encender las críticas. Diversos sectores calificaron el proceso como un nuevo “fraude”, argumentando que la votación se realizó sin integrar a todos los cuerpos electorales acreditados y bajo condiciones cuestionadas por organizaciones universitarias y actores políticos.
Mientras algunos juzgados inferiores emitieron resoluciones que frenaron temporalmente la continuidad del rector, la decisión de la CC de rechazar el paquete de amparos provisionales fue interpretada por sectores opositores como una señal de respaldo indirecto hacia las actuales autoridades universitarias. Incluso, grupos críticos sostienen que el máximo tribunal constitucional estaría “limpiando la mesa” de obstáculos legales alrededor de Mazariegos.
El caso adquiere todavía mayor relevancia por el peso político e institucional que mantiene la Usac dentro del sistema guatemalteco. La universidad pública participa en procesos de elección de magistrados, cortes y otros espacios de poder estatal, razón por la cual las disputas internas trascienden el ámbito académico y terminan impactando directamente en el escenario político nacional.
Aunque la CC rechazó este grupo de acciones, el conflicto alrededor de la rectoría universitaria continúa abierto. Las apelaciones pendientes, los amparos provisionales vigentes y las denuncias de irregularidades mantienen viva una disputa que desde hace cuatro años convirtió a la Universidad de San Carlos en uno de los principales focos de confrontación política, judicial y social del país.