Las primeras reacciones internacionales tras el cambio de mando en el Ministerio Público ya comenzaron a llegar desde Washington. El senador estadounidense Dick Durbin, figura histórica del Partido Demócrata y uno de los legisladores más influyentes del Senado estadounidense, pidió públicamente que las nuevas autoridades fiscales guatemaltecas retiren los procesos penales pendientes contra el periodista José Rubén Zamora y la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
El pronunciamiento se produjo apenas días después de la llegada de Gabriel Estuardo García Luna a la Fiscalía General y de las primeras decisiones adoptadas dentro del MP, entre ellas la disolución de la FECI y la destitución de Rafael Curruchiche, uno de los fiscales más cuestionados internacionalmente durante la crisis poselectoral guatemalteca.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Durbin afirmó que espera que el nuevo liderazgo del Ministerio Público “finalmente retire cualquier cargo restante” contra Zamora y Laparra, a quienes describió como figuras vinculadas a la lucha anticorrupción. Se trata de una de las primeras reacciones políticas específicas provenientes de sectores demócratas estadounidenses tras la reconfiguración reciente dentro del sistema de justicia guatemalteco.
El peso político del mensaje no es menor. Dick Durbin pertenece al ala demócrata con mayor influencia en temas de política exterior, derechos humanos y Estado de derecho en América Latina, sectores desde donde durante los últimos años se impulsaron fuertes críticas contra la gestión de Consuelo Porras y contra fiscales señalados de perseguir a periodistas, jueces y operadores de justicia.
Sin embargo, el pronunciamiento no necesariamente representa una posición oficial de toda la política estadounidense hacia Guatemala, especialmente bajo una administración republicana encabezada por Donald Trump. Durante los últimos años, las críticas más constantes contra el antiguo liderazgo del Ministerio Público provinieron principalmente de sectores demócratas, mientras que parte del Partido Republicano mantuvo posiciones más cautelosas o críticas frente a las sanciones e intervenciones diplomáticas impulsadas por Washington y Bruselas.
La reacción desde Washington refleja así que los cambios recientes dentro del Ministerio Público seguirán siendo observados por actores políticos internacionales, especialmente en casos considerados emblemáticos de criminalización política, como los de Zamora y Laparra, convertidos en referentes internacionales del deterioro institucional denunciado por organizaciones de derechos humanos y sectores diplomáticos occidentales.