La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) suma un nuevo episodio. El Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil, actuando como tribunal de amparo, suspendió de forma provisional la elección de rector para el período 2026-2030, tras otorgar un recurso que cuestiona la legalidad del proceso electoral universitario.
La resolución judicial dejó en suspenso la designación de Walter Mazariegos, cuya reelección había sido aprobada por el Consejo Superior Universitario (CSU). El tribunal consideró pertinente frenar el proceso mientras se analiza el fondo del amparo, en una decisión que reabre la disputa sobre la legitimidad del procedimiento.
El recurso fue impulsado por sectores opositores que denuncian irregularidades en la integración del cuerpo electoral, incluyendo exclusión de representantes y participación cuestionada de delegados. Estas objeciones no son nuevas: desde semanas previas se habían presentado múltiples acciones legales para detener la elección bajo argumentos de violaciones al proceso democrático interno.
El proceso electoral se realizó el pasado 8 de abril en Antigua Guatemala, a puerta cerrada y sin la participación de todos los cuerpos electorales, según señalamientos incluidos en la acción judicial. Este punto ha sido central en la controversia, al alimentar la percepción de un proceso restringido y poco transparente dentro de la principal universidad pública del país.
La suspensión no implica una anulación definitiva, pero sí introduce un factor de incertidumbre institucional. El juzgado otorgó un plazo para que las partes, incluido el Ministerio Público, se pronuncien, mientras se tramita la acción constitucional.
El caso se inscribe en una crisis más amplia dentro de la Usac, que arrastra cuestionamientos desde la elección de 2022, también marcada por protestas, tomas de instalaciones y denuncias de fraude. La reiteración de conflictos en torno a la elección de autoridades evidencia una fractura persistente en la gobernanza universitaria, con impacto directo en su legitimidad institucional.
Como lectura política de fondo, la judicialización del proceso universitario refleja patrones que trascienden la academia, donde disputas por poder, control institucional y representación se trasladan a los tribunales. En ese contexto, la USAC —históricamente referente académico nacional— enfrenta el desafío de recuperar confianza en sus mecanismos internos, en un momento en que la credibilidad institucional se ha vuelto un activo cada vez más escaso en Guatemala.