Dos trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap) fueron capturados por su presunta participación en la emisión de un Documento Personal de Identificación (DPI) alterado, utilizado por el excontralmirante mexicano Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina tras permanecer prófugo de la justicia internacional.
Las detenciones se realizaron como parte de una investigación del Ministerio Público (MP), que busca esclarecer cómo un documento oficial guatemalteco fue manipulado o emitido irregularmente para facilitar una identidad falsa. El caso adquiere relevancia por el perfil del implicado: Farías Laguna era buscado con alerta roja de Interpol por su presunta vinculación con una red de contrabando de combustible (“huachicol fiscal”).
Según las pesquisas, el exmilitar logró movilizarse fuera de México y establecerse en Argentina utilizando una identidad falsa respaldada por documentación guatemalteca, incluyendo un DPI a nombre de otra persona, lo que evidencia una vulneración en los controles de emisión de documentos oficiales.
El DPI en Guatemala es el documento legal y único de identificación para actos civiles y administrativos, emitido por el Renap con estándares de seguridad diseñados para evitar alteraciones, lo que agrava el impacto del caso al tratarse de un instrumento clave del sistema registral del país.
Las autoridades no han detallado aún si la emisión del documento respondió a una red estructurada dentro de la institución o a acciones individuales, pero el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar el grado de responsabilidad y posibles conexiones con otras irregularidades similares.
El caso se conecta directamente con la captura de Farías Laguna en Buenos Aires, donde fue localizado tras ingresar con identidad falsa y permanecer oculto mientras era buscado por autoridades mexicanas, en una operación coordinada a nivel internacional.
Este hecho confirma que documentos oficiales guatemaltecos han sido utilizados en redes criminales transnacionales, lo que coloca presión sobre los sistemas de control institucional y profundiza los cuestionamientos sobre la integridad del proceso de identificación en el país.