Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantienen desde hace aproximadamente un mes una serie de concentraciones y movilizaciones en distintos puntos del país para exigir un nuevo aumento salarial de Q4 mil mensuales y acelerar el traslado del personal contratado temporalmente hacia plazas permanentes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala advierte que, ante la falta de una propuesta concreta de las autoridades, evalúa endurecer las medidas de presión con marchas masivas y bloqueos de carreteras.
Las acciones sindicales se intensificaron después de una reunión celebrada el 8 de junio entre representantes de los trabajadores y el ministro de Salud, Joaquín Barnoya. Según la dirigencia sindical, desde ese encuentro no han recibido una propuesta concreta para atender sus exigencias, por lo que también han solicitado una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para trasladar directamente sus planteamientos.
La principal demanda económica es un incremento salarial de Q4 mil mensuales, una petición presentada apenas un año después de que los trabajadores en relación de dependencia recibieran un aumento de Q1 mil 200. Durante 2025 también se otorgó un incentivo económico de Q2 mil a determinados contratistas, mientras el incremento concedido al personal permanente representó un impacto presupuestario de Q652.6 millones durante ese año.
A la exigencia salarial se suma el reclamo por la estabilidad laboral de miles de empleados que continúan contratados bajo modalidades temporales pese a desempeñar funciones permanentes en hospitales y otros servicios de salud. Las estimaciones conocidas durante el proceso anterior señalaban que alrededor de 30 mil 400 trabajadores debían ser trasladados al renglón 011, entre personal administrativo y asistencial, una transición que ha avanzado a un ritmo menor del esperado por las organizaciones sindicales.
Los dirigentes sostienen que las concentraciones y movilizaciones realizadas durante las últimas semanas podrían dar paso a medidas de mayor presión. Entre las opciones planteadas se encuentran marchas masivas y bloqueos de carreteras, aunque estas acciones todavía deben ser discutidas y aprobadas en asambleas sindicales. La posibilidad de una escalada añade presión a las negociaciones y abre el riesgo de que el conflicto laboral termine afectando la movilidad o el funcionamiento de determinados servicios.
El nuevo aumento solicitado abre una discusión inevitable sobre su sostenibilidad financiera. La demanda de Q4 mil equivale a más de tres veces el incremento mensual concedido en 2025, por lo que cualquier eventual acuerdo deberá determinar cuántos trabajadores serían beneficiados, cuánto representaría el costo anual y de qué partidas saldrían los recursos. El Ministerio de Salud debe atender las condiciones laborales de su personal sin comprometer fondos necesarios para medicamentos, infraestructura y funcionamiento de la red hospitalaria.
El conflicto entra así en una etapa de creciente presión. Los trabajadores reclaman mejores salarios y estabilidad contractual, mientras las autoridades deben responder a demandas que implican compromisos presupuestarios de largo plazo. Con un mes de movilizaciones acumuladas y la posibilidad de endurecer las protestas, la falta de una propuesta concreta amenaza con trasladar una negociación laboral pendiente hacia un conflicto de mayor alcance nacional.