La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió eliminar el derecho de antejuicio para los secretarios de la Presidencia, una decisión que expone directamente al equipo cercano del presidente Bernardo Arévalo en un momento políticamente sensible, marcado por la próxima elección del fiscal general del Ministerio Público.
El fallo declaró inconstitucionales apartados de la Ley del Organismo Ejecutivo que otorgaban inmunidad a estos funcionarios, lo que implica que los secretarios presidenciales podrán ser investigados penalmente sin necesidad de un proceso previo para retirarles la protección legal. La decisión modifica el alcance de una figura que, hasta ahora, funcionaba como un filtro judicial antes de abrir investigaciones contra funcionarios de alto nivel.
La sentencia deja sin inmunidad a los titulares de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas).
La resolución adquiere especial relevancia porque se produce en medio de un escenario de tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, y cuando el presidente Arévalo deberá designar al próximo fiscal general a partir de la nómina que envíe la Comisión de Postulación, uno de los procesos institucionales más determinantes del actual gobierno.
Analistas consultados advierten que la eliminación del antejuicio incrementa la vulnerabilidad política del equipo presidencial, ya que abre la puerta a denuncias penales directas contra funcionarios cercanos al mandatario, en un contexto donde las decisiones judiciales y políticas han generado fricciones entre distintos actores del sistema de justicia.
Además, el momento del fallo no pasa desapercibido. La elección del próximo fiscal general es considerada una de las decisiones más trascendentales del Gobierno, debido al papel del Ministerio Público en investigaciones sensibles y en la dinámica institucional del país, lo que eleva el impacto político de la resolución.
En la práctica, la resolución de la Corte de Constitucionalidad significa que los secretarios de la Presidencia ya no tendrán protección especial ante denuncias penales, lo que cambia el equilibrio político en un momento sensible para el Gobierno de Bernardo Arévalo. Hasta ahora, estos funcionarios contaban con derecho de antejuicio, un mecanismo que impedía que fueran investigados o procesados penalmente sin que antes un tribunal autorizara retirarles la inmunidad.
Con la eliminación de esa protección, cualquier denuncia podrá ser investigada directamente por el Ministerio Público, sin necesidad de ese filtro previo. En términos simples, la CC dejó al equipo de Arévalo más expuesto a investigaciones y denuncias, justo cuando el Gobierno se prepara para tomar una de las decisiones más importantes de su administración, la elección del próximo fiscal general.