El Congreso no conocerá por ahora la iniciativa que buscaba ampliar el plazo para que el transporte pesado instale sistemas limitadores de velocidad, en medio de un nuevo pulso político alrededor de la medida. La propuesta pretendía extender hasta el 31 de marzo de 2027 la obligación de colocar estos dispositivos en buses y camiones.
Las bancadas Vamos y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) adelantaron que no respaldarán una nueva prórroga, lo que redujo el margen político para que la iniciativa avanzara en el pleno. Diputados señalaron además que, tras un reciente accidente mortal en carretera que involucró transporte pesado, no existe un ambiente político para aplazar una regulación que busca precisamente reducir los riesgos por exceso de velocidad.
La iniciativa también pretendía posponer la aplicación de sanciones a las unidades que aún no cuentan con el sistema limitador, una normativa aprobada con el objetivo de disminuir accidentes en las carreteras del país. Sin embargo, el tema ha sido objeto de constantes presiones por parte del sector transportista, que argumenta que el costo de implementación es elevado y que el plazo fijado originalmente resulta insuficiente.
Ese argumento ha servido en los últimos años para justificar varias ampliaciones de plazo, lo que ha provocado que una regulación pensada para mejorar la seguridad vial permanezca, en la práctica, sin aplicarse plenamente. Algunos diputados habían planteado incluso aprobar la prórroga de urgencia nacional, lo que habría permitido acelerar el trámite legislativo.
Pero la negativa anticipada de varias bancadas cambió el panorama y dejó sin condiciones políticas para que la propuesta fuera conocida en el pleno.
Mientras tanto, el Gobierno aseguró que la aplicación de los Sistemas Limitadores de Velocidad (SLV) continúa en marcha. Durante la conferencia La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Ejecutivo seguirá aplicando la normativa vigente mientras el Congreso no modifique la ley.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre las presiones del sector transporte y la seguridad vial. Mientras la discusión política se prolonga, Guatemala continúa registrando accidentes graves en los que están involucrados buses y transporte pesado, y la aplicación de medidas de control como los limitadores de velocidad sigue dependiendo más de decisiones políticas que de una política pública sostenida.