El Ejecutivo calificó de “absurdo” el amparo presentado para impedir que la abogada Astrid Jeannette Lemus Rodríguez asuma como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), una acción legal que intenta frenar su juramentación en medio del proceso de renovación del máximo tribunal del país.
El recurso fue promovido por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes cuestionan la idoneidad de Lemus y argumentan una supuesta subordinación al Organismo Ejecutivo, lo que —según sostienen— comprometería su independencia para ejercer el cargo en la corte constitucional.
Desde la Presidencia, sin embargo, se rechazó el planteamiento y se defendió la legalidad del proceso que llevó a la abogada a ser electa como magistrada titular por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para integrar la CC en el período 2026-2031. El presidente Bernardo Arévalo sostuvo que no existe fundamento para deslegitimar la elección y advirtió que este tipo de acciones legales terminan debilitando los procesos institucionales.
El amparo busca específicamente que Lemus no sea incluida en el decreto legislativo mediante el cual se oficializa la integración de la nueva corte y se convoca a la toma de posesión de sus integrantes.
El recurso surge en un momento clave del proceso institucional, ya que el Congreso de la República tiene previsto juramentar el 17 de marzo a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, acto con el que formalmente asumirían funciones para el período 2026-2031.
Más allá del caso puntual, la acción judicial vuelve a reflejar el clima de disputa que rodea cada renovación de la CC, un tribunal que se ha convertido en uno de los espacios más sensibles del sistema político guatemalteco. En ese escenario, los nombramientos suelen ir acompañados de recursos legales y confrontaciones públicas que intentan influir —o retrasar— la integración de la corte que tiene la última palabra en materia constitucional.