El diputado José Chic presentó una denuncia penal contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, a quien señala por el delito de incumplimiento de deberes debido a una presunta “mala investigación” y un supuesto “retardo malicioso” en el manejo del expediente relacionado con la compra de las vacunas Sputnik V durante la pandemia de covid-19. La acción fue presentada ante el Ministerio Público y busca que se determine si existieron omisiones deliberadas en una investigación que lleva varios años sin resultados judiciales de alto impacto.
Según explicó el legislador, la denuncia surge por la falta de avances sustanciales en un caso que involucra uno de los contratos más cuestionados de la emergencia sanitaria. Chic sostiene que la FECI tuvo bajo su responsabilidad una investigación que pudo haber esclarecido posibles actos de corrupción en la adquisición de vacunas y que, pese al tiempo transcurrido, no produjo acciones concretas contra los principales responsables de la negociación.
El caso Sputnik V se remonta a 2021, cuando el gobierno de Alejandro Giammattei acordó la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas por más de Q600 millones. Sin embargo, Guatemala recibió poco más de ocho millones de dosis y parte de estas vencieron sin ser utilizadas. Desde entonces, informes de fiscalización, denuncias públicas y cuestionamientos políticos han señalado posibles irregularidades en la contratación, la ejecución del acuerdo y el manejo de recursos públicos destinados a enfrentar la pandemia.
Uno de los elementos que ahora refuerza la denuncia es el tiempo que ha permanecido abierto el expediente. Han transcurrido más de cuatro años desde la firma del contrato y cerca de tres años desde que surgieron las primeras denuncias formales, sin que el caso haya producido capturas o acusaciones contra funcionarios de alto nivel vinculados con la negociación. Esa situación ha sido señalada incluso por editoriales y analistas que consideran que el expediente se ha convertido en un ejemplo de la lentitud con que avanzan algunas investigaciones de alto impacto en Guatemala.
La denuncia también retoma uno de los aspectos más controvertidos del proceso: la ausencia de investigaciones directas contra funcionarios de alto nivel vinculados con la negociación. De acuerdo con los señalamientos presentados por Chic, la investigación terminó enfocándose en aspectos administrativos mientras se dejaban sin profundizar posibles responsabilidades políticas y penales relacionadas con la toma de decisiones dentro del Ejecutivo. Entre las críticas figura que el Ministerio Público no logró establecer responsabilidades claras pese a las pérdidas millonarias que representó para el Estado la compra incompleta de vacunas y el vencimiento de parte de las dosis adquiridas.
Otro elemento que alimentó los cuestionamientos fue la postura asumida por el propio Curruchiche. El exjefe de la FECI llegó a sostener públicamente que las pesquisas no habían encontrado un gran caso de corrupción detrás de la compra de las vacunas, sino posibles incumplimientos administrativos. Esa conclusión fue interpretada por sectores críticos como una valoración prematura, especialmente porque varias líneas de investigación relacionadas con la contratación, los intermediarios y el flujo de recursos públicos continuaban abiertas.
La denuncia adquiere especial relevancia porque el caso Sputnik V se ha convertido en uno de los símbolos de las dudas que persisten sobre el manejo de fondos públicos durante la pandemia. Para los denunciantes, no se trata únicamente de determinar si existieron irregularidades en la compra de las vacunas, sino también de establecer si las autoridades encargadas de investigar actuaron con la diligencia que requería un expediente de semejante magnitud económica y política.
Ahora corresponderá al Ministerio Público evaluar los argumentos presentados por el diputado y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación contra el exjefe de la FECI. Mientras tanto, el expediente continúa abierto y sigue siendo una referencia obligada dentro del debate sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Guatemala, especialmente cuando se trata de recursos públicos utilizados durante una de las mayores crisis sanitarias de la historia reciente del país.