Seis años después de uno de los casos criminales que más conmocionó a Guatemala, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión por el asesinato de su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado. La sentencia pone fin a una larga etapa del proceso judicial iniciado tras la desaparición y muerte de la joven, un crimen que provocó indignación nacional por la brutalidad de los hechos y por los vínculos familiares entre la víctima y el principal responsable.
Por mayoría, las juezas impusieron 35 años de cárcel por el delito de asesinato y otros 35 años por plagio o secuestro, luego de valorar la prueba presentada por el Ministerio Público durante el debate oral y público. La resolución constituye uno de los fallos más relevantes dentro de un expediente que durante años captó la atención de la opinión pública y de organizaciones que dan seguimiento a casos de violencia contra mujeres.
Durante la lectura de la sentencia, la jueza explicó que la prueba documental, testimonial y tecnológica permitió reconstruir los hechos ocurridos tras la desaparición de Litzy. Entre los elementos valorados por el tribunal figuraron declaraciones de testigos, análisis telefónicos y diversos peritajes que, según la resolución, acreditaron la participación de Rivas Cordón en los hechos. La juzgadora sostuvo que el conjunto de evidencias permitió establecer su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
Litzy Cordón desapareció en 2019 y posteriormente fue localizada sin vida, en un caso que desde sus primeras etapas reveló la participación de personas cercanas a su entorno familiar. Las investigaciones establecieron que la joven fue privada de libertad antes de ser asesinada, circunstancia que permitió a los fiscales sustentar los cargos de plagio o secuestro además del delito de asesinato. El caso se convirtió en uno de los expedientes criminales más seguidos del país debido a la complejidad de las pesquisas y al impacto social que provocó.
Durante la audiencia también trascendió una de las expresiones más contundentes de la jornada judicial. Al referirse a la gravedad de los hechos, una de las juzgadoras señaló que, si la legislación guatemalteca permitiera aplicar la pena de muerte en este tipo de circunstancias, el caso reuniría características para considerarla, una afirmación que reflejó el nivel de indignación generado por el crimen incluso dentro del sistema de justicia.
La condena representa un paso importante en la búsqueda de justicia para la familia de Litzy Cordón y cierra uno de los capítulos judiciales más impactantes de los últimos años. Aunque la sentencia no revierte el daño causado, marca el desenlace de un proceso que durante seis años mantuvo la atención pública sobre un crimen que se convirtió en símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia que afecta a mujeres y adolescentes en Guatemala.