La Policía Nacional Civil (PNC) reveló que el circuito clandestino de videovigilancia desmantelado recientemente en la zona 18 de la capital era controlado por integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, un hallazgo que vuelve a poner en evidencia la capacidad de estas estructuras para mantener operaciones fuera de prisión y ejercer control sobre comunidades enteras.
De acuerdo con las investigaciones, las cámaras habían sido instaladas en distintos puntos estratégicos de la zona 18 y permitían monitorear permanentemente el movimiento de vecinos, vehículos y patrullas policiales. Las autoridades determinaron que las imágenes eran observadas y administradas por pandilleros recluidos en centros penitenciarios, quienes continuaban ejerciendo vigilancia sobre determinados sectores y obteniendo información en tiempo real sobre lo que ocurría en las colonias bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, explicó que se trata de cámaras de circuito cerrado de uso comercial que pudieron haber sido adquiridas en establecimientos de tecnología y posteriormente instaladas para vigilar colonias específicas de la zona 18. Según detalló, las imágenes captadas por los dispositivos eran monitoreadas desde teléfonos celulares, lo que permitía a los integrantes de las pandillas mantener un sistema permanente de observación y control territorial pese a encontrarse privados de libertad.
La red fue descubierta durante operativos desarrollados por unidades de investigación e inteligencia policial, que en las últimas semanas han retirado decenas de dispositivos instalados de forma ilegal en áreas dominadas por estructuras criminales. Para las autoridades, el hallazgo confirma que las pandillas continúan utilizando herramientas tecnológicas de fácil acceso para fortalecer sus mecanismos de vigilancia, detectar movimientos policiales y alertar sobre posibles operativos.
El caso también reabre el debate sobre la capacidad de los grupos criminales para seguir operando desde las cárceles guatemaltecas. Aunque en los últimos años el Estado ha impulsado requisas, bloqueadores de señal y restricciones de comunicación dentro de los centros penitenciarios, la investigación apunta a que integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha continuaban recibiendo información en tiempo real desde el exterior, conservando capacidad de coordinación y control sobre territorios específicos.
Más allá del retiro de las cámaras, el hallazgo evidencia cómo las pandillas han incorporado tecnología accesible a sus esquemas de vigilancia criminal y pone nuevamente en entredicho la efectividad de los controles penitenciarios. Para las autoridades, el desafío no solo consiste en desmontar estos sistemas clandestinos, sino también en impedir que las órdenes y comunicaciones continúen fluyendo desde las prisiones hacia las calles.