La administración del presidente Bernardo Arévalo enfrenta uno de sus momentos más complejos en términos de percepción pública. Una nueva encuesta presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo junto a CID Gallup revela que el 60 % de los guatemaltecos desaprueba la gestión del Ejecutivo, mientras únicamente el 34 % respalda el rumbo del Gobierno.
El dato no aparece aislado. La medición también muestra que el 76 % de los ciudadanos considera que Guatemala va por un rumbo equivocado, un indicador que refleja un deterioro acumulado de expectativas desde la llegada del Movimiento Semilla al poder en enero de 2024, cuando Arévalo asumió la presidencia tras una victoria histórica marcada por un fuerte discurso anticorrupción.
La encuesta, realizada entre el 7 y el 20 de mayo con una muestra de 1 mil 208 personas y un margen de error de ±2.8 puntos, también deja ver un fenómeno que comienza a instalarse en el ambiente político nacional: la creciente desconfianza hacia las elecciones generales de 2027. Según el estudio, el 68 % de los entrevistados confía poco o nada en que el próximo proceso electoral será limpio y transparente.
El dato resulta especialmente delicado porque el actual gobierno llegó precisamente impulsado por un discurso de rescate institucional después de las tensiones políticas y judiciales que marcaron las elecciones de 2023. En aquel proceso, Arévalo pasó inesperadamente a segunda vuelta y terminó ganando la presidencia con el 61 % de los votos válidos, en medio de intentos legales para frenar al partido Semilla.
Sin embargo, dos años después, la percepción ciudadana parece moverse entre el desencanto y la incertidumbre. El 62 % de los encuestados asegura que el costo de vida aumentó significativamente en los últimos cuatro meses, mientras temas como seguridad, empleo y capacidad de ejecución siguen apareciendo entre las principales demandas sociales.
La encuesta también expone un vacío político rumbo a 2027. El 57 % de la población afirma no conocer suficientemente a los posibles candidatos presidenciales y un 17 % sostiene que no existe actualmente ningún aspirante convincente. El escenario refleja no solo desgaste del oficialismo, sino también la ausencia de liderazgos sólidos dentro de una clase política que continúa fragmentada y atrapada en disputas internas.
En ese contexto, el estudio también deja claro qué espera la población del próximo jefe de Estado. Al evaluar las características más importantes para el próximo mandatario, las tres menciones más altas fueron la firmeza contra la delincuencia con 37 %, la honestidad y la lucha contra la corrupción con 32 %, y la capacidad para gobernar y ejecutar proyectos con 23 %. Los datos reflejan una ciudadanía golpeada por la inseguridad, cansada de los escándalos políticos y cada vez más exigente frente a gobiernos que prometen transformaciones profundas pero encuentran dificultades para traducirlas en resultados tangibles.
Y es precisamente allí donde comienza a consolidarse el principal problema político de Arévalo. El presidente llegó al poder con un enorme capital simbólico construido alrededor de la transparencia, la modernización del Estado y la ruptura con las viejas prácticas políticas. No obstante, la percepción ciudadana empieza a mostrar que el discurso anticorrupción, por sí solo, ya no alcanza para sostener respaldo popular cuando la población continúa enfrentando inseguridad, altos precios y una sensación persistente de falta de resultados concretos.
Aunque el Gobierno insiste en señalar los obstáculos heredados, el bloqueo institucional y las resistencias dentro del sistema político, una parte importante de la población comienza a interpretar esas explicaciones como insuficientes después de más de dos años de administración. En sectores urbanos y empresariales incluso empieza a crecer la percepción de que el Ejecutivo ha quedado atrapado entre el simbolismo político y la incapacidad operativa.
El desgaste también expone una contradicción incómoda para el oficialismo. Semilla construyó buena parte de su legitimidad denunciando a las élites tradicionales por ineficiencia y corrupción; sin embargo, hoy enfrenta cuestionamientos sobre lentitud administrativa, dificultades para ejecutar proyectos y ausencia de resultados visibles en temas sensibles para la población. La expectativa de transformación fue tan alta que cualquier percepción de parálisis termina golpeando con más fuerza al propio Gobierno.
A menos de dos años para las elecciones generales, Guatemala entra así en una etapa marcada por el cansancio ciudadano, la incertidumbre electoral y un creciente cuestionamiento hacia la capacidad del sistema político para responder a las demandas más urgentes del país. Y mientras la desaprobación aumenta, el desafío para Arévalo ya no parece centrarse únicamente en resistir políticamente, sino en demostrar que su proyecto todavía puede producir cambios perceptibles fuera del discurso institucional.