La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó 114 denuncias penales por posibles irregularidades que superan los Q8 mil 771 millones, uno de los montos más altos reportados en los últimos años por la entidad fiscalizadora y que vuelve a colocar bajo presión el manejo de recursos públicos en distintas instituciones del Estado.
El informe anual de auditorías fue entregado al Congreso de la República por el contralor general, Frank Helmuth Bode Fuentes, quien detalló que las anomalías detectadas corresponden a ministerios, municipalidades, entidades descentralizadas y proyectos de infraestructura ejecutados durante el ejercicio fiscal 2025.
Las 114 denuncias penales fueron trasladadas al Ministerio Público (MP) para que determine si existieron posibles delitos relacionados con corrupción y manejo irregular de recursos públicos, incluyendo casos de fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, lavado de dinero o anomalías en contratación y ejecución de obra pública. Sin embargo, la presentación de las denuncias no implica automáticamente culpabilidad, ya que cada expediente deberá pasar por procesos de investigación y validación judicial.
Entre las instituciones con mayores hallazgos aparece el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), señalado por proyectos abandonados y posibles irregularidades en obras millonarias, incluyendo un proyecto en Quiché valorado en más de Q304 millones, así como anomalías en la construcción de un hospital en Coatepeque por más de Q274 millones.
La Contraloría también reportó denuncias contra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por irregularidades en proyectos de riego, incumplimientos contractuales y anomalías vinculadas con licencias relacionadas a pesca y acuicultura. Los montos observados en esa cartera superan los Q90 millones.
Otro de los focos de auditoría se concentra en el Ministerio de Gobernación, donde los auditores identificaron posibles irregularidades por la sustracción de componentes de vehículos bajo custodia de la Policía Nacional Civil, además de anomalías en la compra de uniformes policiales. Las denuncias relacionadas con esa cartera sobrepasan los Q97 millones.
El informe incluye además hallazgos en el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), así como múltiples municipalidades señaladas por obras abandonadas, pagos inconsistentes, falta de documentación y posible uso indebido de fondos públicos.
Uno de los casos que más llamó la atención corresponde a las irregularidades detectadas en la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, donde la Contraloría presentó tres denuncias relacionadas con posibles anomalías en ejecución de obra pública y manejo de recursos estatales.
Además de las denuncias penales, la CGC informó que durante las auditorías practicadas se emitieron 887 sanciones económicas por más de Q114 millones, mientras que los hallazgos reflejan un patrón recurrente de atrasos, proyectos inconclusos, debilidad de controles internos y posibles anomalías administrativas dentro de distintas instituciones públicas.