La discusión de la nueva ley antilavado en el Congreso de Guatemala comenzó a generar preocupación entre analistas, sectores financieros y actores internacionales, quienes advierten que varias de las enmiendas impulsadas por diputados podrían terminar debilitando la capacidad del Estado para perseguir estructuras de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
El Congreso busca retomar la próxima semana la aprobación final de la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, las negociaciones avanzan en medio de reuniones privadas, desacuerdos entre bloques y cuestionamientos sobre cambios introducidos a última hora, especialmente por diputados de UNE, Vamos, Valor y Cabal.
Uno de los principales focos de preocupación gira alrededor de las modificaciones impulsadas durante las negociaciones legislativas, particularmente en temas relacionados con personas obligadas, supervisión financiera y controles patrimoniales. Distintos análisis advierten que el Congreso todavía mantiene disputas sobre el alcance que tendrá la ley sobre notarios, abogados, contadores, cooperativas, vendedores de bienes de lujo, operadores de activos virtuales y otros sectores económicos que pasarían a tener obligaciones de debida diligencia y reporte financiero.
La presión internacional también comenzó a intensificarse. Estados Unidos mantiene seguimiento directo sobre la discusión legislativa debido a preocupaciones relacionadas con posibles debilitamientos en controles financieros y persecución patrimonial. A esto se sumó un pronunciamiento público de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que instó al Congreso a aprobar una normativa alineada con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del GAFI y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje difundido en sus plataformas oficiales. La representación diplomática agregó que aprobar la ley “promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala”.
Las posiciones dentro del Congreso también comenzaron a evidenciar fracturas políticas. Bancadas como Vamos, UNE, Cabal y Valor impulsaron modificaciones y retrasos en la discusión final, mientras sectores cercanos al oficialismo y algunos diputados independientes defendieron mantener una versión más cercana a los estándares internacionales exigidos por Gafilat.
El trasfondo del debate refleja un problema estructural mucho más profundo. Guatemala continúa siendo uno de los países más vulnerables de la región frente al lavado de dinero y las economías ilícitas, un fenómeno estrechamente ligado al narcotráfico, corrupción, contrabando y financiamiento ilegal. Los casos investigados durante la época de la CICIG dejaron evidencia sobre cómo operaban estas estructuras: creación de empresas de cartón, uso de testaferros, sociedades offshore, simulación de préstamos y compra encubierta de bienes de lujo mediante estructuras financieras opacas.
Las cifras actuales reflejan la dimensión del problema. Solo durante el primer trimestre de 2026, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) detectó Q1 mil 706.5 millones vinculados a posibles operaciones de lavado de dinero en Guatemala, aunque especialistas advierten que el monto real probablemente sea mucho mayor debido a la sofisticación de las redes financieras ilegales.
En ese contexto, sectores técnicos sostienen que la nueva ley busca precisamente fortalecer la capacidad del Estado para detectar, rastrear y perseguir operaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Por eso, las enmiendas que podrían debilitar controles financieros, mecanismos de fiscalización o facultades de supervisión generan preocupación tanto dentro como fuera del país, especialmente cuando Guatemala se prepara para nuevas evaluaciones internacionales sobre transparencia financiera y combate al crimen organizado.