Roberto Arzú presentó este lunes denuncias contra la exfiscal general Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Ángel Pineda, Cinthya Monterroso, Dimas Jiménez, además del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, señalándolos de integrar una supuesta estructura de corrupción y persecución dentro del antiguo Ministerio Público.
La acción ocurre apenas días después de la salida de Porras del MP y en medio del reacomodo político que comienza a surgir alrededor de la nueva administración fiscal. Arzú aprovechó el momento para retomar su discurso contra lo que durante años calificó como “pacto de corruptos”, insistiendo en denuncias sobre persecución política, abuso institucional y utilización del sistema judicial para silenciar opositores.
Durante una conferencia de prensa, el empresario reforzó además una narrativa de victimización política alrededor de su figura. “La Fiscal General me puso una denuncia por femicidio. Ella misma, personalmente a mí, por femicidio. Para callar mi voz”, aseguró Arzú, afirmando que las medidas judiciales buscaban impedirle criticar públicamente a Consuelo Porras. “No me voy a callar, ni me va a silenciar ni ella ni nadie”, agregó.
Ese tipo de mensajes encajan con la estrategia política que Arzú ha venido construyendo desde hace varios años: proyectarse como un actor perseguido por las élites políticas y judiciales tradicionales, intentando capitalizar el desgaste institucional y el malestar ciudadano. El empresario —a quien recurrentemente se le identifica en el debate público como un “eterno candidato”— mantiene una presencia constante en redes sociales y actividades territoriales, aun sin anunciar oficialmente aspiraciones electorales.
Dentro de distintos sectores políticos existe la percepción de que el dirigente busca aprovechar coyunturas de alta sensibilidad mediática para mantenerse vigente y reforzar protagonismo público. En ese contexto, la denuncia contra Porras también termina funcionando como una plataforma de exposición política cuidadosamente calculada: una mezcla de confrontación, victimización y narrativa antisistema orientada a sostener relevancia en un escenario político donde todavía no logra consolidar una estructura electoral sólida.