El Congreso de la República volvió a fracasar este martes en su intento por aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, una normativa impulsada bajo presión de estándares internacionales y que requiere al menos 107 votos para avanzar por tratarse de una ley de rango constitucional. La falta de consensos, las negociaciones de última hora y las disputas entre bloques terminaron nuevamente por frenar la aprobación.
La sesión plenaria permaneció suspendida durante más de dos horas mientras jefes de bancada negociaban apoyos y posibles modificaciones al texto. Aunque en distintos momentos hubo más de 130 diputados presentes en el hemiciclo, la Junta Directiva terminó rompiendo el quórum cuando comenzaron a surgir desacuerdos por enmiendas planteadas a última hora, lo que obligó al presidente del Congreso, Luis Contreras, a levantar la sesión sin concretar la votación final.
La iniciativa 6593 permanece estancada desde abril pese a que distintos sectores económicos y organismos internacionales han insistido en la necesidad de actualizar el marco legal guatemalteco contra el lavado de dinero. Diputados oficialistas y aliados aseguran que la reforma permitiría fortalecer mecanismos de supervisión financiera y mejorar la posición del país frente a evaluaciones internacionales sobre combate al crimen organizado y financiamiento ilícito.
Sin embargo, el debate alrededor de la ley también expuso nuevas fracturas dentro del Congreso. Integrantes de las bancadas UNE, Vamos, Cabal y Valor fueron señalados de coordinar reuniones privadas para impulsar enmiendas de última hora que no habían sido consensuadas previamente dentro de la comisión legislativa encargada del dictamen. Según diputados oficialistas y miembros de VOS, varios congresistas incluso permanecieron dentro del hemiciclo sin registrar asistencia como estrategia para impedir alcanzar los 107 votos necesarios. Las acusaciones entre bloques terminaron convirtiendo la discusión técnica de la ley en un nuevo pulso político por control y negociación dentro del Legislativo.
Las enmiendas impulsadas por esos bloques habrían buscado modificar aspectos relacionados con notarios, personas políticamente expuestas y mecanismos de extinción de dominio. Sectores críticos advirtieron que algunos cambios podían debilitar controles anticorrupción y reducir el alcance de supervisión financiera exigido por organismos internacionales. Incluso surgieron señalamientos sobre intentos de retrasar la incorporación inmediata de notarios al régimen de supervisión contemplado en la nueva normativa.
El jefe de bancada de la UNE, José Inés Castillo, defendió la legalidad de presentar enmiendas de curul y rechazó los señalamientos del oficialismo, mientras diputados de Vamos y Valor argumentaron que los cambios buscaban únicamente corregir errores técnicos y de redacción. Del otro lado, Samuel Pérez y diputados de VOS acusaron directamente a ciertos bloques de intentar “quitar dientes” a la ley y bloquear deliberadamente su aprobación. La discusión dejó en evidencia el deterioro de las alianzas legislativas y el nivel de desconfianza que domina actualmente el Congreso guatemalteco.
El nuevo bloqueo ocurre además a pocos días del receso legislativo y bajo presión de la Superintendencia de Bancos, que advirtió sobre la necesidad de aprobar la normativa antes de nuevas evaluaciones internacionales previstas para 2027. Analistas consideran que el retraso aumenta el riesgo de que Guatemala enfrente observaciones internacionales por deficiencias en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
El fracaso de la ley antilavado terminó reflejando además el complicado cierre del primer período ordinario de sesiones del Congreso. El Legislativo llegará al receso con varias reformas pendientes, tensiones entre bloques y dificultades para construir mayorías calificadas incluso en iniciativas consideradas prioritarias. La falta de acuerdos alrededor de temas estratégicos confirma el clima de fragmentación política que domina actualmente el Parlamento, donde las negociaciones coyunturales y las disputas por cuotas de poder han dificultado avanzar en la agenda legislativa impulsada por distintos sectores.