El Juzgado Especializado contra Lavado de Dinero giró una orden de captura contra el exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras, Marco Livio Díaz, dentro de una investigación impulsada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por supuestos delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción.
El caso permanece bajo reserva judicial, aunque el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, confirmó que las diligencias también incluyen órdenes de captura contra la esposa de Díaz y una tercera persona aún no identificada públicamente.
Según información divulgada por medios nacionales, la investigación gira alrededor de una carta de entendimiento suscrita entre la SAT y una universidad privada para impartir capacitaciones al personal de la institución tributaria cuando Díaz dirigía la entidad.
Las pesquisas apuntan a que parte de los servicios relacionados con esas capacitaciones habrían sido trasladados posteriormente a una sociedad anónima vinculada al entorno familiar del exfuncionario, empresa que presuntamente recibió fondos provenientes de la SAT. Las transferencias bajo análisis alcanzarían aproximadamente Q1.5 millones.
La FECI realizó este jueves allanamientos en la Ciudad de Guatemala para intentar ejecutar las órdenes judiciales; sin embargo, las diligencias no permitieron localizar a las personas señaladas.
El caso adquiere especial relevancia política debido a que Marco Livio Díaz encabezó la SAT entre 2020 y 2025 y posteriormente fue nombrado embajador en Honduras. Durante su gestión al frente de la administración tributaria, el funcionario ganó notoriedad tras denunciar estructuras de defraudación fiscal que habrían provocado pérdidas millonarias al Estado guatemalteco.
La investigación también revive tensiones previas entre Díaz y el Ministerio Público. Desde 2024, el exsuperintendente había denunciado públicamente que existían pesquisas en su contra luego de exponer el denominado caso B410, relacionado con supuestas redes de evasión tributaria y fraude fiscal.
Mientras el expediente continúa bajo reserva, el caso vuelve a colocar bajo atención pública el enfrentamiento entre estructuras del sistema de justicia, funcionarios que encabezaron investigaciones tributarias sensibles y un Ministerio Público que ha sido cuestionado por distintos sectores nacionales e internacionales por el manejo de procesos de alto impacto político. La orden de captura contra un exjefe de la SAT y actual diplomático abre un nuevo episodio de tensión institucional en un momento donde persisten fuertes disputas alrededor de la independencia judicial, el combate a la corrupción y el uso político de investigaciones penales en Guatemala.