La discusión de la nueva ley contra el lavado de dinero en el Congreso abrió una negociación política que ya no se limita únicamente a modernizar el marco legal exigido por organismos internacionales. Diputados de las bancadas Cabal, UNE, Vamos, Valor y Todos impulsan cambios paralelos que, según analistas y legisladores consultados, podrían debilitar herramientas clave de control anticorrupción y protección patrimonial del Estado.
La tensión surgió durante la sesión plenaria del 5 de mayo, cuando el Legislativo buscaba aprobar la iniciativa 6593, una normativa considerada estratégica para evitar observaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evaluará a Guatemala en 2027 en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Aunque existían consensos previos sobre al menos 14 enmiendas trabajadas en la Comisión de Economía, el proceso quedó entrampado tras nuevas exigencias planteadas desde varias bancadas. Entre ellas apareció la intención de reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para permitir que el presidente pueda remover al fiscal general.
Sin embargo, las negociaciones fueron más lejos. Fuentes legislativas citadas por La Hora señalaron que dentro de las conversaciones también se discuten modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, específicamente para impedir que bienes vinculados a investigaciones de corrupción o lavado puedan ser inmovilizados antes de una sentencia firme. Ese cambio reduciría significativamente la capacidad del Estado para actuar de forma preventiva contra estructuras criminales y redes de corrupción.
El bloqueo legislativo también dejó en evidencia las fracturas dentro del Congreso. La sesión se extendió por más de cinco horas sin lograr el quórum necesario de 107 diputados para aprobar la normativa. Según reportes legislativos, varios diputados optaron por no marcar asistencia en el tablero electrónico pese a permanecer dentro del hemiciclo.
De acuerdo con datos publicados por República, al menos 25 diputados de Vamos, 12 de la UNE, 10 de Cabal y cuatro de Valor evitaron registrar presencia durante la discusión, debilitando cualquier posibilidad de avanzar con la ley.
El diputado Allan Rodríguez aseguró que la bancada Vamos no se opone a la aprobación de la normativa, pero insistió en que la iniciativa “no puede pasar como está” porque, a su juicio, podría convertirse en un mecanismo de persecución política. Rodríguez afirmó que todavía existen enmiendas que no han sido discutidas y cuestionó que muchos legisladores pretendan votar sin conocer el contenido completo del proyecto. “Yo invito al pueblo a que lean la ley. Es larga, pero hay que leerla porque hay artículos que van en contra de la clase trabajadora, profesionales del derecho y contables”, expresó.
El legislador sostuvo además que la propuesta, sin modificaciones, podría derivar en “chantaje, extorsión y persecución política”, y afirmó que “por lo menos 90 diputados no han leído la ley, el dictamen ni las enmiendas y vienen aquí a votar como borregos”. A pesar de ello, insistió en que su bancada sí respalda una legislación contra el lavado de dinero, siempre que incluya cambios que, según dijo, garanticen el respeto a la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
En ese contexto, distintos sectores sociales y analistas advierten que la discusión ya no gira únicamente alrededor de una actualización técnica de la legislación financiera exigida por organismos internacionales. La preocupación radica en que varios de los cambios impulsados desde el Congreso podrían terminar favoreciendo condiciones de impunidad para estructuras políticas y económicas investigadas en el pasado por corrupción, financiamiento electoral ilícito y posibles nexos con redes del crimen organizado.
Por otro lado, también comienzan a surgir cuestionamientos alrededor de algunos de los actores políticos que impulsan o respaldan estas negociaciones. Uno de los nombres señalados es el del diputado Luis Aguirre, jefe de bancada de Cabal, sobre quien distintas publicaciones periodísticas han documentado amistades y acercamientos con personajes vinculados o señalados por narcotráfico dentro del escenario político nacional.
La inquietud crece debido a que Guatemala arrastra antecedentes donde investigaciones de la extinta CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad documentaron cómo operadores políticos, empresarios y estructuras criminales coincidieron en intereses para debilitar mecanismos de fiscalización y control judicial. Por ello, especialistas consideran que reducir facultades de extinción de dominio o abrir la puerta a un Ministerio Público más vulnerable a presiones políticas enviaría una señal delicada sobre el rumbo institucional del país.
Mientras tanto, Guatemala continúa bajo presión internacional para actualizar su legislación financiera. El país mantiene normas aprobadas en 2001 y 2005, consideradas insuficientes frente a nuevas modalidades de crimen organizado, activos virtuales y estructuras transnacionales de lavado.
En medio de una discusión marcada por intentos de modificar controles antilavado, limitar herramientas de extinción de dominio y alterar el equilibrio de autonomía del Ministerio Público, comienza a instalarse una pregunta incómoda dentro del debate público: qué intereses realmente se buscan proteger desde el Congreso y si detrás de estas negociaciones existe un intento de debilitar la capacidad del Estado para perseguir estructuras de corrupción y redes criminales en un momento donde investigaciones sensibles permanecen sin avances sustanciales.