El Gobierno de Guatemala decretó un nuevo estado de prevención en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, Huehuetenango y San Marcos, una medida extraordinaria que estará vigente durante 15 días y que busca reforzar las acciones de seguridad frente a amenazas atribuidas a maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.
La disposición quedó oficializada este miércoles mediante el Decreto Gubernativo 7-2026, publicado en el Diario de Centro América, y representa la sexta extensión o renovación de este mecanismo excepcional en lo que va del año, en un contexto marcado por operativos de seguridad que comenzaron tras los motines simultáneos registrados en cárceles del país a inicios de 2026.
Según el Ejecutivo, la decisión responde a la necesidad de mantener un “marco jurídico extraordinario” que permita a las fuerzas de seguridad actuar con mayor rapidez en territorios considerados estratégicos, ya sea por su condición fronteriza o por albergar centros de detención. Las autoridades sostienen que persiste el riesgo de ataques contra fuerzas de seguridad y autoridades civiles, situación que, afirman, obliga a continuar con operativos coordinados entre la Policía Nacional Civil y el Ejército.
El estado de prevención permite restricciones temporales contempladas en la Ley de Orden Público. Entre ellas figuran la limitación de reuniones y manifestaciones públicas, la disolución de concentraciones consideradas violentas y la posibilidad de restringir la circulación o estacionamiento de vehículos en determinadas zonas y horarios. También autoriza registros vehiculares y controles especiales de movilidad.
El Gobierno insiste en que estas medidas están dirigidas únicamente contra personas vinculadas con actividades ilícitas y no contra la población en general. El decreto, además, subraya que las acciones deberán ejecutarse respetando la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, evitando cualquier forma de discriminación y garantizando el acceso a recursos judiciales como el amparo.
No obstante, la continuidad de estos estados de excepción vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre su efectividad real. Aunque las autoridades aseguran que los operativos han contribuido a contener hechos violentos y reducir ciertos indicadores criminales, distintos analistas y organizaciones civiles han advertido en meses recientes sobre el riesgo de normalizar medidas extraordinarias de seguridad sin que existan evaluaciones públicas detalladas sobre sus resultados concretos.
La administración del presidente Bernardo Arévalo ha defendido la estrategia argumentando que el país enfrenta estructuras criminales con capacidad operativa y presencia territorial, especialmente en zonas urbanas y corredores fronterizos. Sin embargo, el reto para el Ejecutivo continúa siendo demostrar que la prolongación de estas medidas excepcionales puede traducirse en resultados sostenibles en materia de seguridad y no únicamente en respuestas temporales de contención.