La discusión de la ley antilavado volvió a estancarse en el Congreso de Guatemala. La falta de consensos y de los votos necesarios terminó frenando la sesión plenaria, en medio de negociaciones políticas que fueron mucho más allá del contenido técnico de la iniciativa.
El pleno buscaba avanzar este martes en la aprobación final de la iniciativa 6593, considerada clave para evitar sanciones internacionales y observaciones de organismos financieros sobre los controles contra el lavado de dinero. Sin embargo, las negociaciones se rompieron cuando distintas bancadas no lograron alcanzar acuerdos alrededor de las 14 enmiendas pendientes.
Detrás del bloqueo apareció un elemento político adicional. Diputados consultados por medios locales señalaron que algunas bancadas condicionaban su respaldo a posibles reformas a la Ley del Ministerio Público, con el objetivo de permitir que el presidente Bernardo Arévalo pudiera destituir al fiscal general.
La discusión evidenció nuevamente las divisiones dentro del Legislativo. Mientras sectores oficialistas intentaban mantener viva la negociación, otros bloques se desmarcaron del debate, provocando que el Congreso quedara sin los 107 votos necesarios para avanzar en la normativa.
El estancamiento llega en un momento sensible. La ley había sido reactivada esta semana tras quedar relegada desde antes de Semana Santa, precisamente por falta de consensos y diferencias alrededor de las modificaciones propuestas.
La iniciativa busca actualizar el marco legal contra el lavado de dinero y alinearlo con estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, varias de las enmiendas han generado críticas de analistas y sectores técnicos, que advierten riesgos de debilitar la capacidad de investigación del Ministerio Público y abrir espacios para futuras acciones de inconstitucionalidad.
El episodio deja una imagen conocida dentro del Congreso: las reformas consideradas estratégicas terminan atrapadas entre negociaciones políticas paralelas, donde acuerdos sobre justicia, poder institucional y control político terminan influyendo directamente en iniciativas económicas y financieras.