El Ministerio de Gobernación avanza en dos procesos paralelos para adquirir armas y equipo destinado a la Policía Nacional Civil (PNC), en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer las capacidades operativas ante el incremento de personal y los desafíos en seguridad.
El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, explicó que uno de los mecanismos corresponde a un evento de adquisición en curso bajo procedimientos ordinarios, mientras que el segundo se ejecuta al amparo de la Ley Antipandillas, que permite compras directas de equipo táctico para combatir estructuras criminales. El funcionario también indicó en declaraciones a la prensa que se contempla la posibilidad de realizar adquisiciones bajo esquemas conocidos como contratos gobierno a gobierno (G2G), como una vía para agilizar los procesos y garantizar el abastecimiento.
La urgencia del proceso responde a un factor concreto: la próxima graduación de más de 3,000 nuevos agentes prevista para mediados de año, lo que obliga a dotar de armamento y equipo —incluidos radios— a las fuerzas de seguridad en el corto plazo.
El marco legal también juega un papel clave. El Decreto 11-2025 autoriza hasta Q200 millones para la adquisición de equipo, además de permitir excepciones a los procedimientos habituales de contratación, con el objetivo de acelerar las compras en materia de seguridad.
Las autoridades aseguran que los procesos contarán con auditorías de la Contraloría General de Cuentas para garantizar transparencia, especialmente tras antecedentes recientes en los que intentos de compra de armamento generaron señalamientos y no se concretaron.
El plan de adquisición refleja una doble presión institucional. Por un lado, la necesidad de equipar a una fuerza policial en expansión; por otro, el reto de hacerlo bajo mecanismos que eviten cuestionamientos, en un sector históricamente sensible a denuncias por irregularidades.
En ese contexto, la compra de armas y equipo no solo responde a una necesidad operativa inmediata. También evidencia las limitaciones estructurales del sistema de seguridad, donde la urgencia por reforzar capacidades convive con la exigencia de transparencia en el uso de recursos públicos.