El conflicto judicial en torno al caso “Toma de la USAC” entra en una nueva fase que reconfigura el equilibrio entre actores políticos y el Ministerio Público. Un juzgado de Sacatepéquez admitió a trámite la demanda presentada por el diputado Samuel Pérez contra el fiscal que dirigió la investigación, en un movimiento que se produce después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los antejuicios que buscaban vincularlo penalmente.
La resolución, tramitada en la vía sumaria, abre un proceso ágil que obliga al fiscal señalado a responder en un plazo breve, introduciendo un nuevo frente judicial en un expediente que ya acumulaba tensiones políticas. El caso deja de centrarse únicamente en los señalados por la toma universitaria en 2022 y pasa a cuestionar directamente la actuación del ente investigador, ampliando el alcance del conflicto.
El trasfondo es inseparable de la crisis prolongada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La reelección de Walter Mazariegos para el período 2026-2030 reactivó las disputas internas, en medio de denuncias de fraude, exclusión de electores y cuestionamientos a la legitimidad del proceso, lo que volvió a colocar a la universidad en el centro de la confrontación política y jurídica.
Las tensiones no han quedado en el ámbito académico. Protestas, ocupaciones y una cadena de acciones legales han llevado el conflicto hasta la Corte de Constitucionalidad, donde se prevé que continúen los litigios que buscan revertir o validar las decisiones adoptadas en el proceso de elección rectoral, consolidando un escenario de judicialización sostenida.
En ese contexto, Pérez ha sido una de las voces más visibles contra la elección. El diputado ha calificado el proceso como “ilegítimo” y no solo ha impulsado acciones legales, sino que participó activamente en protestas en la calle contra la designación de Mazariegos, un elemento que hoy adquiere relevancia al evaluar su papel dentro del conflicto.
A partir de ahí surge el expediente “Toma de la USAC: Botín Político”. El Ministerio Público planteó que la ocupación universitaria pudo tener fines políticos, señalando a distintos actores, lo que elevó el caso a una dimensión nacional y lo convirtió en uno de los más sensibles del momento.
Tras quedar sin efecto los antejuicios en su contra, Pérez traslada la disputa al terreno judicial mediante una demanda contra el fiscal, alegando persecución, pero su postura enfrenta cuestionamientos que no logra disipar con claridad.
Existe una contradicción de fondo que debilita su narrativa. Haber participado en manifestaciones públicas y en un contexto de presión política contra una autoridad universitaria mientras ahora cuestiona la legalidad de las acciones en su contra abre un flanco complejo, especialmente cuando los hechos investigados implicaron la paralización de una institución pública durante meses.
En ese sentido, la crítica no recae únicamente en el Ministerio Público, sino también en la coherencia del propio Pérez, cuya defensa se sostiene en la denuncia de persecución, pero sin ofrecer una explicación contundente sobre los límites entre protesta legítima y acciones que pudieron afectar el funcionamiento institucional.
Más que una disputa individual, el caso refleja una tensión estructural sobre el uso de la justicia en escenarios politizados, donde tanto las decisiones del ente investigador como las actuaciones de los actores políticos quedan bajo escrutinio en un país que sigue midiendo la solidez de su institucionalidad.