Las denuncias contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) continúan acumulándose desde distintos sectores, lo que traslada el conflicto universitario al terreno judicial y administrativo, donde ahora deberán pronunciarse las autoridades competentes.
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) se sumó a las críticas al denunciar un supuesto fraude electoral y cuestionar la legitimidad del proceso. En su pronunciamiento, el sector empresarial afirmó que no puede reconocerse como rector a quien “ha usurpado el cargo mediante la manipulación arbitraria de las normas”, señalando además irregularidades en la integración del Consejo Superior Universitario y en la acreditación de electores. También pidieron la intervención de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia para garantizar un proceso legítimo.
A estas críticas se agregan las de colegios profesionales, que solicitaron anular la imposición de Mazariegos, al considerar que la elección estuvo marcada por exclusión de cuerpos electorales, irregularidades en el proceso y falta de legitimidad institucional, lo que ha profundizado la crisis en la universidad pública.
El cuestionamiento también ha trascendido el ámbito nacional. La misión de la Unión Europea y Canadá expresó preocupación por la reelección, e instó a garantizar procesos transparentes y respetuosos de la legalidad, ampliando la presión internacional sobre el caso.
En paralelo, distintas acciones legales buscan repetir la elección con la participación de todos los cuerpos electorales, mientras sectores opositores sostienen que la votación se realizó sin la totalidad de representantes, lo que habría condicionado el resultado final.
A este escenario se suma la intervención administrativa, luego de que la Contraloría General de Cuentas anunciara que verificará si Walter Mazariegos cumplió los requisitos para optar al cargo, un proceso que podría influir en la legalidad de la reelección y en la eventual toma de posesión.
Las denuncias se producen tras una elección que ya había sido cuestionada por la exclusión de cuerpos electorales y protestas de sectores universitarios, lo que ha generado una acumulación de acciones legales, pronunciamientos institucionales y presión internacional.
Con este panorama, la disputa por la rectoría de la USAC entra ahora en una fase decisiva, en la que tribunales, órganos administrativos y autoridades constitucionales deberán estudiar los recursos presentados y determinar si el proceso debe ratificarse o repetirse, mientras la crisis universitaria continúa escalando.