El alza del precio de los combustibles ha abierto un debate político y económico en Guatemala centrado en subsidios temporales y la eliminación del impuesto a la distribución de petróleo (IDP), dos medidas que han generado división entre diputados y expertos.
Una fracción de legisladores propuso eliminar temporalmente el impuesto a la distribución de petróleo, como una forma de reducir el precio de los combustibles para los consumidores. Sin embargo, centros de análisis económico advierten que la medida no es viable, debido al impacto que tendría en las finanzas públicas.
El debate se intensificó luego de que el Congreso no lograra aprobar medidas de apoyo emergente, entre ellas un subsidio de Q8 por galón de diésel y Q4 para las gasolinas, propuestas que no avanzaron por falta de consensos entre los bloques legislativos.
La propuesta denominada “híbrida” planteaba combinar subsidios con la eliminación temporal del impuesto, pero las diferencias políticas impidieron alcanzar acuerdos, dejando el tema en suspenso mientras continúan las presiones por el alza de precios.
Además, el impuesto a la distribución de petróleo financia el mantenimiento de carreteras a través de Covial, lo que ha generado preocupación sobre el impacto que tendría su eliminación en la infraestructura vial del país.
El debate ocurre en un contexto de protestas y paros del sector transportista por el alza del combustible, que en los primeros días se tradujeron en bloqueos en distintos puntos del país y presión directa al Congreso, elevando la tensión política y económica.
Este jueves 9 de abril, la instancia de Jefes de Bloque del Congreso se reunió a puerta cerrada para buscar un acuerdo que permitiera conformar y aprobar una iniciativa de ley con medidas para enfrentar el impacto del alza de las gasolinas y el diésel; sin embargo, no se alcanzaron consensos, según explicaron varios diputados, lo que mantiene abierta la incertidumbre y la presión del sector transportista.
Sin embargo, las protestas han bajado de intensidad en los últimos días, aunque no han desaparecido, mientras el sector mantiene la presión a la espera de decisiones legislativas. En ese escenario, las manifestaciones permanecen latentes y podrían reactivarse dependiendo de lo que decida el Congreso en los próximos días.