La administración de Donald Trump anunció este lunes un nuevo paquete de sanciones contra altos funcionarios, ministros y estructuras de inteligencia cubanas, profundizando la ofensiva política y financiera de Washington contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que fueron sancionados 11 jerarcas del régimen cubano y tres organizaciones gubernamentales, incluidos funcionarios políticos, mandos militares y figuras vinculadas al aparato de seguridad e inteligencia de la isla. “Muchos de ellos son responsables de, o han participado en, la represión del pueblo cubano”, afirmó Rubio en un comunicado oficial.
Entre los sancionados aparecen el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; y el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, considerado uno de los hombres más cercanos al núcleo de poder del oficialismo cubano.
La lista también incluye a altos mandos militares como el general Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); el general José Miguel Gómez del Vallín, jefe del Ejército Central; y el general Eugenio Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental. Washington también apuntó contra estructuras de contrainteligencia y organismos vinculados al aparato represivo del Estado cubano.
Las sanciones contemplan congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones financieras y prohibiciones para realizar transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses. El endurecimiento ocurre en medio de una creciente tensión bilateral, marcada por acusaciones sobre cooperación militar entre Cuba, China e Irán, además de las recientes advertencias de Miguel Díaz-Canel sobre un posible “baño de sangre” si Estados Unidos atacara la isla.
La nueva ofensiva refleja el endurecimiento progresivo de la política de Washington hacia La Habana bajo la administración Trump. Mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas en décadas, Estados Unidos combina sanciones, presión diplomática y aislamiento financiero con negociaciones discretas y propuestas de ayuda humanitaria canalizadas a través de la Iglesia Católica.