La Unión Europea (UE) puso bajo observación el proceso para elegir al próximo contralor general de Cuentas de Guatemala y pidió a la Comisión de Postulación garantizar una selección transparente. El bloque europeo reclamó que el próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reúna condiciones de idoneidad, capacidad, integridad e independencia, en momentos en que la postuladora comienza a definir las reglas que determinarán quiénes llegarán a la nómina final.
La representación europea en Guatemala aseguró que sigue “de cerca” el desarrollo del proceso y recordó la responsabilidad que corresponde a los comisionados. El pronunciamiento se produce precisamente cuando el presidente de la postuladora, Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, ha colocado la objetividad y la despolitización entre los principales desafíos de la elección. La UE centra así su mensaje en la independencia del futuro contralor y en la transparencia del mecanismo utilizado para seleccionarlo.
La advertencia internacional cobra especial relevancia por las funciones de la CGC, encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos y con incidencia también en el escenario electoral mediante la emisión de finiquitos. La elección ocurre además a pocos meses del inicio formal del proceso electoral de 2027, lo que incrementa el escrutinio sobre posibles intereses políticos alrededor de una institución que será dirigida durante los próximos cuatro años.
La Comisión de Postulación está integrada por 27 miembros y tendrá la responsabilidad de evaluar y depurar a los aspirantes hasta conformar una nómina de seis candidatos que será trasladada al Congreso de la República. Aunque la postuladora no elige directamente al contralor, sus decisiones delimitarán las opciones entre las que posteriormente deberán escoger los diputados.
El pronunciamiento europeo tampoco constituye un hecho aislado. La UE ha mantenido seguimiento sobre otros procesos recientes de renovación de instituciones estratégicas en Guatemala, incluidas las designaciones relacionadas con el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. La preocupación común ha sido preservar la independencia y la legitimidad de instituciones cuyo funcionamiento tiene efectos directos sobre el Estado de derecho.
La intervención de la UE coincide con una semana decisiva para la postuladora. Cortés ha adelantado que la comisión deberá avanzar en la definición del perfil y los requisitos de los aspirantes, mientras la convocatoria está prevista para el 20 de agosto y la elaboración de la tabla de gradación para el 21. Este último instrumento será especialmente importante porque establecerá los criterios con los que se asignarán las puntuaciones a los candidatos.
El mensaje europeo aumenta así la atención nacional e internacional sobre un proceso que apenas comienza. La verdadera prueba será que transparencia e independencia no permanezcan únicamente como compromisos declarativos, sino que puedan verificarse en la tabla de gradación, la evaluación de los expedientes, las votaciones y la conformación de la nómina final. El Congreso tendrá la última palabra, pero la calidad y credibilidad de las opciones que lleguen al Legislativo dependerán primero del trabajo de la Comisión de Postulación.