El proceso de elección del próximo fiscal general en Guatemala sumó un nuevo elemento de presión internacional luego de que la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea manifestara “profunda consternación” por la intervención de la Corte de Constitucionalidad, en referencia al fallo que obligó a recalificar expedientes y modificar el curso del proceso.
Según el señalamiento, la orden judicial modificó “de forma abusiva” los criterios de evaluación, al excluir la experiencia en la judicatura como equivalente al ejercicio profesional, un cambio que —a juicio de la misión— vulnera la integridad del proceso y la confianza pública en las instituciones.
Este matiz no es menor. La crítica no se limita a una observación general, sino que apunta directamente a la base técnica del proceso: los parámetros de calificación sobre los que se construye la nómina de aspirantes, los cuales fueron alterados en una etapa avanzada, generando efectos inmediatos en la puntuación y en la viabilidad de varios candidatos.
En su posicionamiento, la misión europea también recordó que la evaluación de aspirantes debe responder a criterios objetivos, transparentes y rigurosos, subrayando que cualquier modificación debe garantizar la idoneidad y honorabilidad de quienes buscan dirigir el Ministerio Público.
El señalamiento introduce un giro en el contexto del proceso. Mientras la Comisión de Postulación avanzaba en el cumplimiento de los plazos fijados por la Corte, la elección comenzó a ser observada con mayor atención desde el ámbito internacional, elevando el nivel de escrutinio sobre decisiones que hasta ese momento se desarrollaban dentro del plano interno.
Así, antes incluso de que se definiera la nueva nómina, el proceso ya enfrentaba cuestionamientos externos sobre su consistencia, legalidad y credibilidad, un escenario que acompañó la fase posterior de votación y que añade presión sobre la decisión final que deberá tomar el Ejecutivo.