El Tribunal Supremo Electoral (TSE) elevó la tensión institucional al responder al Ministerio Público (MP) que no está obligado a acatar órdenes emitidas por fiscales, mientras reafirmó que los resultados de las elecciones generales de 2023 son inalterables, en un nuevo episodio del pulso entre ambas instituciones tras la cancelación del partido Movimiento Semilla.
El pronunciamiento surgió luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitara al TSE un informe sobre las acciones adoptadas tras la cancelación del partido Semilla, imponiendo un plazo de apenas cuatro horas, lo que motivó la reacción del tribunal electoral, que defendió su independencia constitucional frente al requerimiento.
El pleno de magistrados fue enfático al señalar que no atenderá órdenes o requerimientos de fiscales sin orden de juez competente, al subrayar que el TSE no está supeditado a ningún organismo del Estado, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Además, advirtió que aceptar este tipo de solicitudes equivaldría a que un fiscal pudiera ordenar actuaciones a órganos con independencia constitucional.
El tribunal también recordó que, de acuerdo con la legislación vigente, el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y sus magistrados cuentan con prerrogativas e inmunidades similares a las de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que refuerza su autonomía institucional frente a requerimientos del ente investigador.
La solicitud de la FECI buscaba conocer las acciones jurídicas adoptadas tras la cancelación del partido Movimiento Semilla, así como el estado de las acreditaciones de funcionarios electos en 2023 bajo esa agrupación política, lo que elevó la tensión institucional al involucrar directamente los resultados electorales.
En este contexto, el TSE reiteró que la cancelación del partido no modifica los resultados de las elecciones de 2023, ni afecta la legitimidad de los cargos obtenidos, reafirmando la validez del proceso electoral y la estabilidad institucional.
El episodio vuelve a evidenciar la tensión entre el TSE y el Ministerio Público, en un momento políticamente sensible, donde la cancelación del partido Semilla y las investigaciones derivadas continúan generando un escenario de incertidumbre institucional y debate sobre los límites de las competencias entre órganos del Estado.