El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició acercamientos con Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, para fortalecer los mecanismos de monitoreo y control del contenido difundido en redes sociales durante el proceso electoral de 2027, en un contexto marcado por el incremento de la actividad política digital y los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la desinformación.
La iniciativa es impulsada por la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, encabezada por Pablo Portocarrero, cuya labor se centra en detectar posibles infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), entre ellas la campaña anticipada, el uso irregular de plataformas digitales y otras prácticas que puedan afectar la equidad de la contienda. Según explicó el funcionario, el objetivo es establecer canales de comunicación con Meta que permitan atender con mayor rapidez denuncias relacionadas con publicaciones o cuentas que incumplan la normativa electoral.
El acercamiento ocurre mientras el TSE intensifica la fiscalización de la actividad política en internet. Apenas esta semana, la autoridad electoral informó que mantiene 150 investigaciones abiertas por presunta campaña anticipada, muchas de ellas vinculadas con publicaciones en redes sociales, reuniones proselitistas y estrategias digitales utilizadas por actores políticos antes de la convocatoria oficial a elecciones.
La preocupación de las autoridades también responde al creciente peso que han adquirido las plataformas digitales en la comunicación política. Un análisis publicado recientemente identificó que tres figuras políticas concentran alrededor del 40% de las publicaciones realizadas por los principales actores monitoreados, reflejando la importancia de las redes sociales como herramienta de posicionamiento de cara a los comicios de 2027.
Además del monitoreo del contenido, el TSE ha advertido que la inteligencia artificial, la difusión de información falsa y la suplantación de identidad representan algunos de los principales desafíos para garantizar un proceso electoral transparente. La institución trabaja en fortalecer sus capacidades tecnológicas y en coordinar acciones con plataformas digitales para responder con mayor rapidez a posibles irregularidades.
Aunque el diálogo con Meta aún se encuentra en una fase inicial, el Tribunal considera que la cooperación con las grandes plataformas tecnológicas será clave para enfrentar un escenario electoral en el que la propaganda, la desinformación y la actividad política se desarrollan cada vez más en el entorno digital. Con la convocatoria a las elecciones generales prevista para enero de 2027, el organismo busca anticiparse a los retos que marcarán la próxima contienda y reforzar los mecanismos de fiscalización antes del inicio oficial de la campaña.