El Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene abiertos más de 120 expedientes por posible campaña anticipada, una cifra que confirma cómo distintos actores políticos ya comenzaron a mover estructuras, posicionar imagen y medir terreno rumbo a las elecciones generales de 2027, pese a que el proceso electoral todavía no ha sido convocado oficialmente.
Las investigaciones alcanzan a figuras políticas, alcaldes, dirigentes territoriales y organizaciones en formación que han incrementado su actividad pública mediante redes sociales, recorridos comunitarios, eventos políticos y contenido promocional difundido en plataformas digitales.
Entre algunos de los nombres que aparecen en los expedientes figuran Roberto Arzú, Carlos Pineda, Zury Ríos, Sebastián Siero, Javier Gramajo, Marvin Adrián Zepeda, Wilton Berreondo —quien se identifica públicamente como “Johnny Diputado”—, David Illescas y el comité pro formación Raíces. Este último habría sido denunciado por un particular, situación que derivó en el inicio de un proceso de investigación por aparente promoción electoral adelantada.
En el caso de Roberto Arzú, el empresario y político ha defendido que las actividades que realiza se encuentran respaldadas por el artículo 20, literal h de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), normativa que permite a partidos y agrupaciones desarrollar actividades de formación, organización y difusión ideológica fuera del período oficial de campaña.
Sin embargo, el TSE analiza si algunas de esas acciones podrían constituir promoción personalizada con fines electorales antes del tiempo permitido por la ley, un debate que desde hace varios años persigue al sistema político guatemalteco y que continúa moviéndose dentro de una zona gris jurídica.
El secretario general en funciones del TSE, Pablo Portocarrero, aclaró que la apertura de un expediente no implica automáticamente una sanción o amonestación, debido a que cada caso debe pasar por un procedimiento administrativo en el cual los involucrados tienen derecho a presentar pruebas, defenderse y explicar el contexto de las actividades observadas.
Aun así, el volumen de casos refleja cómo la política guatemalteca entró nuevamente en dinámica de campaña permanente. La utilización de redes sociales, transmisiones en vivo, publicidad segmentada y actividades territoriales ha permitido que actores políticos mantengan presencia constante durante años, reduciendo además los costos tradicionales de propaganda.
El problema para el órgano electoral no se limita únicamente a investigar posibles infracciones, sino a demostrar que puede aplicar criterios uniformes en un escenario históricamente marcado por cuestionamientos sobre selectividad y discrecionalidad en las sanciones.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia porque la LEPP permite ciertas actividades partidarias fuera de campaña, aunque la línea entre organización política y propaganda electoral continúa siendo difusa. Precisamente esa ambigüedad ha provocado resoluciones contradictorias en procesos anteriores, donde algunos actores fueron sancionados mientras otros lograron evitar consecuencias legales bajo argumentos similares.
Con la convocatoria electoral prevista para enero de 2027, el TSE enfrenta ahora el desafío de contener una carrera política que, en la práctica, ya arrancó hace meses y que amenaza con adelantarse nuevamente al calendario oficial.