El Mundial de 2026 quedó envuelto en una fuerte controversia política y deportiva después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun. La posterior decisión de suspender la sanción y permitir al atacante jugar contra Bélgica desató críticas en Europa, provocó una protesta formal de la federación belga y abrió interrogantes sobre la independencia de las decisiones disciplinarias en el fútbol internacional.
Balogun había sido expulsado durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina, después de una entrada sobre Tarik Muharemovic revisada por el VAR. La roja implicaba inicialmente su ausencia en el partido de octavos de final contra Bélgica, pero la FIFA decidió suspender la ejecución del castigo durante un periodo de prueba de un año, una medida excepcional que permitió al delantero quedar disponible para el encuentro. La controversia aumentó por el carácter extraordinario de una decisión adoptada en plena fase eliminatoria y con consecuencias directas sobre el siguiente rival de la selección anfitriona.
Trump confirmó posteriormente que habló con Infantino sobre el caso y defendió su intervención con el argumento de que la acción “no fue foul”. El mandatario aseguró que pidió revisar la jugada porque consideraba injusto que un futbolista se perdiera un partido decisivo por esa acción, aunque negó haber ordenado al dirigente de la FIFA que levantara la sanción. La explicación no cerró la polémica, pues la cuestión central pasó a ser la coincidencia entre la intervención directa del presidente del principal país anfitrión y una decisión favorable a su selección.
La reacción europea elevó la dimensión del conflicto. La UEFA acusó a la FIFA de haber cruzado una línea roja y consideró la suspensión del castigo una decisión sin precedentes e injustificable. Desde el organismo europeo se advirtió que modificar de esta forma las consecuencias disciplinarias de una expulsión puede afectar la integridad de la competición y establecer un precedente peligroso, especialmente porque otras selecciones podrían exigir en el futuro un tratamiento equivalente para sus jugadores sancionados.
Bélgica también pasó a la ofensiva institucional. Su federación solicitó a la FIFA una copia de la resolución y explicaciones sobre el procedimiento utilizado para habilitar a Balogun, pero denunció irregularidades en la gestión de su petición. La federación belga presentó una protesta preventiva y anunció que impugnará el partido si el delantero estadounidense participa, una decisión que amenaza con trasladar la controversia de los despachos al resultado mismo del encuentro.
El episodio resulta especialmente delicado por la estrecha relación que Trump e Infantino han construido durante los últimos años. Esa cercanía política y personal, ampliamente exhibida en actos relacionados con el Mundial, coloca ahora a la FIFA ante una cuestión de credibilidad. Aunque el organismo sostiene que sus órganos disciplinarios actúan con independencia, la secuencia de una llamada presidencial seguida de una resolución favorable para Estados Unidos alimenta inevitablemente las sospechas, independientemente de los argumentos jurídicos utilizados para justificar la medida.
Las críticas se extendieron además a otras voces del fútbol europeo y a responsables políticos, que reclamaron explicaciones claras sobre la cronología de los contactos y la decisión disciplinaria. El problema ya no se limita, por tanto, a determinar si la entrada de Balogun merecía una expulsión, sino a establecer si un presidente puede intervenir ante el máximo dirigente del fútbol mundial en defensa de un jugador de su selección sin comprometer la apariencia de neutralidad de la institución.
Estados Unidos y Bélgica llegan así a su partido de octavos de final bajo una presión que supera ampliamente lo deportivo. La presencia de Balogun amenaza con convertir cualquier resultado en objeto de controversia y obliga a la FIFA a defender con transparencia una decisión excepcional. El Mundial entra en un terreno peligroso cuando el poder político del país anfitrión aparece demasiado cerca de las decisiones deportivas que pueden influir en el desarrollo de la competición.