Los gremios de transportistas dieron un giro a su postura y suspendieron la caravana nacional prevista para el lunes 23 de marzo, optando en su lugar por declararse en asamblea permanente, en medio del conflicto por el alza en los combustibles.
La decisión, según FENATREXP, responde directamente al Estado de Prevención decretado por el Ejecutivo, una medida que limita ciertas garantías y habilita acciones para evitar manifestaciones que afecten el orden público o la libre locomoción.
En ese contexto, el sector optó por no realizar la movilización masiva hacia la capital, evitando un escenario de confrontación con las autoridades, pero manteniendo activa su organización y capacidad de presión.
A pesar de la suspensión, los transportistas advierten que las medidas de presión —incluida la caravana— pueden reactivarse en cualquier momento, dependiendo de la respuesta del Gobierno a sus demandas.
El trasfondo sigue siendo el mismo: el incremento sostenido del diésel, que en algunos casos supera los Q40 por galón, y que, según el gremio, ha vuelto insostenible la operación del transporte.
Al declararse en asamblea permanente, los transportistas buscan mantenerse en sesión continua para evaluar acciones, mientras insisten en que el impacto económico amenaza con trasladarse a tarifas y a la cadena de precios.
Aunque se desactiva, al menos de momento, la presión en las calles, el conflicto no se diluye. La suspensión de la caravana refleja el efecto inmediato de la medida gubernamental, pero también un repliegue táctico de un sector que mantiene sus demandas intactas y el pulso abierto con las autoridades.