Las principales gremiales del transporte extraurbano de pasajeros y de carga solicitaron al presidente Bernardo Arévalo la activación de un Plan Nacional de Contingencia para enfrentar el impacto del aumento en los precios de los combustibles, una situación que, advierten, podría agravarse por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el incremento del petróleo en los mercados internacionales.
Mediante una carta abierta dirigida al mandatario, los transportistas expresaron su preocupación por el escenario internacional, marcado por el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que ya comienza a reflejarse en un encarecimiento del crudo. Recordaron que Guatemala importa la totalidad de los combustibles que consume, por lo que cualquier variación en los precios internacionales termina trasladándose al mercado nacional.
El presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), Carlos Vides, afirmó que la escalada en los precios del diésel y las gasolinas afecta directamente los costos operativos del transporte. Según explicó, ese incremento no solo repercute en las empresas del sector, sino que termina trasladándose al precio de los productos de consumo diario, impactando el costo de la canasta familiar y el presupuesto de miles de hogares guatemaltecos.
Las gremiales señalaron que el aumento en el costo de los combustibles no afecta únicamente al transporte, sino que tiene un efecto en cadena sobre toda la economía. A su juicio, el encarecimiento del diésel y las gasolinas repercute en los fletes, el transporte de alimentos, los medicamentos, los insumos productivos y otros bienes y servicios, lo que incrementa la presión sobre la inflación y golpea con mayor fuerza a las familias de menores ingresos.
Por ello, pidieron al Gobierno actuar de manera preventiva y no reactiva, mediante un plan que permita mitigar los efectos de un eventual incremento sostenido de los combustibles. Aunque no detallaron las medidas específicas que debería incluir la estrategia, consideran necesario que el Ejecutivo coordine acciones para reducir el impacto económico antes de que la crisis internacional provoque nuevos aumentos en las estaciones de servicio.
Consultado sobre la posibilidad de impulsar un nuevo subsidio, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, descartó que el Gobierno contemple por ahora una medida de ese tipo. “En este momento no tenemos ningún tipo de propuesta de subsidio”, afirmó el funcionario, quien atribuyó el aumento de los precios al comportamiento del mercado internacional. Según explicó, Guatemala depende de la importación de combustibles fósiles, por lo que el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente se refleja de manera casi inmediata en el costo del petróleo y sus derivados.
Barrios sostuvo que el Ministerio no tiene control sobre la fijación de los precios de los combustibles y reconoció que el incremento también termina impactando el precio de los productos agrícolas y otros bienes de consumo. Como una de las alternativas para reducir la dependencia de los combustibles tradicionales, recordó que el programa de gasolina E10, que incorpora un 10 % de etanol, tiene previsto iniciar su comercialización el 21 de agosto, aunque especialistas consideran que sus efectos sobre los precios dependerán de las condiciones del mercado y de la disponibilidad del biocombustible.
La solicitud de los transportistas llega en un contexto especialmente sensible para los consumidores guatemaltecos. En los últimos días, los combustibles registraron nuevos incrementos tras el fin de los subsidios estatales, mientras los precios internacionales del petróleo volvieron a subir debido al deterioro de la situación en Medio Oriente. La combinación de ambos factores incrementa el riesgo de nuevas presiones sobre el costo del transporte, la producción y la distribución de mercancías, con efectos directos sobre el costo de vida.
El intercambio entre las gremiales y el Gobierno refleja los desafíos que enfrenta el país ante una crisis cuyo origen está fuera de sus fronteras. Mientras los transportistas reclaman medidas para amortiguar el impacto económico, el Ejecutivo sostiene que dispone de un margen de acción limitado frente a un mercado internacional cada vez más volátil.