Gremios de transportistas convocaron a una caravana pacífica a nivel nacional para el lunes 23 de marzo, en protesta por el incremento sostenido en los precios del combustible, que —según el sector— está llevando sus costos operativos a un punto crítico.
La movilización, aseguran los organizadores, no contempla bloqueos ni cierres de carreteras. Consistirá en un desplazamiento de buses, camiones y transporte pesado desde distintos departamentos hacia la capital, utilizando rutas clave como la CA-9 Norte y Sur, así como la CA-1 en Occidente y Oriente.
En la ciudad de Guatemala, se prevé que las unidades circulen por calzada Roosevelt, Aguilar Batres, avenida Bolívar y Calle Martí, lo que podría provocar una jornada de alta congestión vehicular.
El detonante es el alza en los combustibles, que en algunos casos ya supera los Q40 por galón. El sector advierte que este incremento impacta directamente en la operación diaria y amenaza con trasladarse a tarifas o afectar la sostenibilidad del servicio.
Ante el anuncio, el Gobierno ha reconocido la presión que enfrentan los transportistas, pero ha descartado, por ahora, la implementación de subsidios o controles directos sobre el precio de los combustibles.
Autoridades del Ministerio de Energía y Minas han señalado que los precios responden a dinámicas del mercado internacional, y que el margen de acción del Estado es limitado. No obstante, indicaron que se mantiene un monitoreo constante y no descartan evaluar medidas focalizadas si la tendencia alcista persiste.
Desde el Ejecutivo también se hizo un llamado a que la manifestación se desarrolle sin afectar la libre locomoción, subrayando que el derecho a la protesta debe ejercerse sin perjudicar a terceros.
Aunque planteada como una acción pacífica, la caravana refleja un malestar creciente en el sector transporte. En un contexto de costos en aumento y respuestas aún contenidas por parte del Gobierno, la protesta traslada la presión económica a la agenda pública.