Cuando faltan apenas días para que entre en funcionamiento una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas desarrolladas por capital privado en Guatemala, el proyecto Xochi, Corredor de las Flores, enfrenta obstáculos administrativos que han generado preocupación en el sector empresarial y reavivado el debate sobre las dificultades que aún persisten para ejecutar inversiones estratégicas en el país.
La controversia surgió luego de que la Municipalidad de Mazatenango ordenara la suspensión de trabajos vinculados a la obra, mientras continúa pendiente la resolución de trámites relacionados con la prórroga de una licencia. La comuna sostiene que la autorización original venció y que existen observaciones relacionadas con aspectos de seguridad vial, diferencias entre el proyecto autorizado y el ejecutado, así como información adicional que debe ser presentada por los desarrolladores antes de resolver el expediente.
El Corredor Xochi comprende 31 kilómetros de carretera de cuatro carriles entre San Antonio Suchitepéquez y San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, y su apertura al público está prevista para el próximo 14 de junio. La obra forma parte de un modelo de infraestructura financiado principalmente con capital privado y respaldado por una estructura financiera que incluye US$55 millones aportados por BID Invest, además de otros mecanismos de financiamiento complementarios.
La empresa responsable del proyecto rechaza los señalamientos y afirma que la solicitud de prórroga fue presentada desde febrero, junto con la documentación requerida y el pago de las tasas correspondientes. Según la compañía, durante meses no existieron objeciones relacionadas con la licencia, el costo de la obra o las características del proyecto. También sostiene que ha cumplido con los requisitos legales exigidos durante el desarrollo de la carretera y mantiene su intención de respetar el cronograma previsto para su entrada en operación.
Según información divulgada por los desarrolladores, más de 600 inversionistas participaron en el proyecto, que busca convertirse en una alternativa a los congestionados tramos de la CA-2 Occidente. Las proyecciones estiman que la nueva vía podría movilizar a más de 22 mil usuarios diarios, reduciendo recorridos que actualmente pueden superar las tres horas a trayectos cercanos a los 25 minutos, con impacto directo en el transporte de mercancías, la actividad turística y la competitividad de la Costa Sur.
Aunque la Municipalidad sostiene que sus objeciones responden a criterios técnicos y administrativos, la decisión ha generado cuestionamientos debido al momento en que fue adoptada. La suspensión ocurre cuando la carretera se encuentra concluida y a escasos días de su apertura prevista. El diferendo también se desarrolla en un contexto de cambio de administración municipal, ya que las autorizaciones iniciales fueron otorgadas durante la gestión anterior, mientras que las observaciones que hoy mantienen detenida la obra corresponden a la administración encabezada por el alcalde Carlos Villagrán, del partido Vamos.
A las críticas empresariales se sumó el Observatorio de Derechos de Propiedad, que consideró que las acciones adoptadas por la municipalidad podrían vulnerar derechos constitucionales relacionados con la propiedad privada, el debido proceso y la libertad de industria, comercio y trabajo. La entidad también advirtió que la imposición de requisitos no contemplados en la normativa o la paralización de actividades previamente autorizadas debilita la certeza jurídica y envía señales negativas a la inversión.
La empresa desarrolladora aseguró además que el pasado 4 de junio se ejecutó el cierre de uno de los accesos de la obra sin que previamente se le notificaran las razones de la medida. De confirmarse esta versión, el caso evidenciaría deficiencias en los mecanismos de comunicación y resolución administrativa de las autoridades locales, especialmente tratándose de una inversión que ha sido presentada durante años como un proyecto estratégico para el desarrollo regional.
Las cámaras empresariales, entre ellas el CACIF, la Cámara de Industria y la Cámara del Agro, coincidieron en que Guatemala mantiene una brecha histórica en infraestructura logística y de transporte, por lo que consideraron indispensable agilizar los procesos relacionados con proyectos de alto impacto económico. El episodio también deja expuesta una contradicción recurrente en el discurso oficial sobre competitividad e inversión: mientras las autoridades promueven la necesidad de atraer capital y modernizar la infraestructura nacional, proyectos que ya cuentan con financiamiento, licencias y años de ejecución continúan enfrentando obstáculos burocráticos en la fase final de su desarrollo.
El caso de Xochi trasciende una discusión local. Se trata de una inversión multimillonaria concebida para fortalecer la conexión de la Costa Sur y facilitar el transporte de mercancías en una de las regiones más dinámicas para las exportaciones guatemaltecas. La resolución de este conflicto será observada de cerca por el sector productivo, no solo por el futuro inmediato de la carretera, sino porque constituye una prueba sobre la capacidad de las instituciones para ofrecer certeza jurídica, respetar los procedimientos establecidos y acompañar proyectos considerados esenciales para mejorar la competitividad del país.